La Fiscalía critica la actuación del juez Peinado con las defensas

La Fiscalía de Madrid ha cuestionado la rapidez y la forma en que el juez Juan Carlos Peinado tramitó algunos de los últimos pasos del caso Begoña Gómez antes de jubilarse el pasado domingo. En un escrito firmado el 20 de septiembre, el fiscal José Manuel San Baldomero considera que esa celeridad «no es deseable ni aceptable» y reprocha al instructor haber pasado «por encima de los profesionales».

El documento responde al recurso presentado por Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, contra la celebración de una audiencia preliminar fijada con solo 24 horas de antelación. La diligencia se celebró el 8 de septiembre sin la presencia de Álvarez, que se encontraba de viaje fuera de España y tenía previsto regresar este lunes, 28 de septiembre.

Según el fiscal, la salida de Álvarez del país no supuso un quebrantamiento ni implicó que se colocara fuera de la disposición del tribunal. La Audiencia Provincial de Madrid había obligado previamente a Peinado a devolverle el pasaporte y a levantar el resto de medidas cautelares que le había impuesto.

No obstante, San Baldomero admite que la necesidad de celebrar la audiencia cuanto antes y la espera hasta el 28 de septiembre no eran fáciles de conciliar. También señala que el juez pudo «extralimitarse» y mostrar «escasa sensibilidad con el resto de intervinientes», aunque sostiene que no se produjo una indefensión trascendente para la asistente de Moncloa.

La defensa de Álvarez pretendía anular la diligencia del 8 de septiembre y fijar una nueva fecha, lo que habría dejado en manos de otro juez la decisión sobre la apertura de juicio oral contra ella y Begoña Gómez, al haberse jubilado Peinado al cumplir 72 años. La Fiscalía, sin embargo, no respalda esa petición.

La defensa considera «disparatada» la acusación contra Álvarez por sus gestiones relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez fue codirectora de un curso, aunque plantea que se le aplique la eximente de «error de prohibición» si fuera declarada culpable. La causa, de ámbito madrileño, tiene repercusión nacional y se sigue también desde Palma por afectar a la esposa del presidente del Gobierno.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.