La Fiscalía Europea amplía sus investigaciones por posible fraude en fondos de la alta velocidad Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea ha anunciado la apertura de oficio, tras la catástrofe de Urda, de una segunda investigación por posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a mejorar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Ya existían diligencias abiertas en marzo por mejoras en el tramo de Adamuz (Córdoba), precisamente la zona donde se produjo el siniestro de este tramo.

La Fiscalía Europea tiene su sede en Luxemburgo, pero está integrada por fiscales delegados en los países de la Unión. En España, las diligencias de investigación se practican en secreto. Este viernes, en el marco de estas pesquisas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en tres entidades públicas: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas de España, donde se ha recabado información sobre ayudas públicas para la modernización de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones en el tramo del choque de trenes del 28 de octubre.

La UCO, que también trabaja en las causas judiciales abiertas por los accidentes de Montoro (Córdoba) y Orgaz (Toledo), colabora con la Fiscalía Europea desde el mismo día del accidente para comprobar si existían contratos vinculados a fondos europeos. El órgano europeo puede pedir y analizar documentación de las entidades que hayan recibido fondos comunitarios y citar a testigos e investigados.

En la investigación abierta tras Adamuz, las pesquisas avanzan, pero todavía no se ha citado a nadie como testigo ni como investigado. En el caso de Urda, la documentación se ha incautado este viernes y los fiscales deberán analizarla antes de decidir los próximos pasos. Ambos expedientes pueden durar meses, incluso años, antes de que se determine si se judicializan.

Cuando una medida puede afectar a derechos fundamentales de los investigados, interviene el juez de garantías, que en España es un magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional. Sus funciones incluyen autorizar diligencias restrictivas de derechos, acordar medidas cautelares y resolver impugnaciones. Si los fiscales hallan indicios de desvío de fondos destinados a las líneas de alta velocidad del corredor de Andalucía, el caso llegaría a juicio en la Audiencia Nacional.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.