La ley contra el desperdicio alimentario deja sus primeros avances en España

La ley española de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en vigor desde el pasado 3 de abril, empieza a mostrar sus primeros avances seis meses después de su aplicación. La norma pretende reducir a la mitad en 2030 los alimentos que acaban en la basura respecto a los datos de 2015.

El Gobierno prepara antes de final de año un plan nacional para coordinar el despliegue de la ley en todas las comunidades autónomas. El director general de Alimentación, José Miguel Herrero, ha explicado que el objetivo es establecer controles homogéneos y ofrecer seguridad jurídica a las empresas, después de que ninguna autonomía haya iniciado todavía la aplicación de la norma.

El Ministerio de Agricultura también trabaja en identificar los puntos de la cadena alimentaria y las obligaciones que deberán ser supervisadas. La ley prioriza que los alimentos descartados se destinen al consumo humano y, cuando no sea posible, contempla su uso para piensos, el reciclaje de nutrientes y el aprovechamiento agrario.

Algunos indicadores apuntan a una evolución positiva. El Gobierno informó el 10 de septiembre de que el desperdicio en los hogares se ha reducido un 20% en los últimos cinco años. Además, Too Good to Go registró el año pasado un aumento del 25% en sus usuarios, hasta los 11 millones, mientras que los establecimientos de restauración asociados a la plataforma crecieron un 30,7% y los supermercados, un 23% en 2025.

La directora de Too Good to Go en España, Marie Lindström, atribuye parte de este crecimiento a la inflación y al encarecimiento de los alimentos, que han convertido estas aplicaciones en una vía para ahorrar. La plataforma cuenta con más de 25.000 establecimientos en España.

La normativa también obliga a las empresas a analizar dónde y por qué se producen las pérdidas, según Christian Ghidelli, responsable de Agroalimentación de Funditec. El investigador señala que el desperdicio puede originarse en fases como el cultivo, la cosecha, el almacenamiento, el transporte o la distribución, y destaca el potencial de tecnologías como la agricultura de precisión y las herramientas de diagnóstico. La evolución de esta ley afecta al conjunto de las Islas Baleares y, por tanto, también a los operadores y consumidores de Palma, aunque el texto no aporta datos específicos de la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.