La SEPI digital contratará abogados para vigilar 520 millones en unas 45 empresas tecnológicas

El Gobierno busca despachos de abogados que hagan un seguimiento permanente de la creciente cartera de empresas tecnológicas participadas por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT), conocida coloquialmente como la «SEPI digital». Según fuentes gubernamentales citadas por EL PERIÓDICO, las inversiones que se quieren poner bajo lupa y reforzar con ayuda externa ascienden a 520 millones de euros.

La SETT, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital que dirige Óscar López, es el instrumento inversor del Ejecutivo para apoyar productos y servicios de empresas tecnológicas y audiovisuales. Su conjunto de inversiones ejecutadas y comprometidas supera ya los 2.450 millones de euros, repartidos en medio centenar de compañías de sectores como los microchips, la inteligencia artificial o la computación cuántica.

La licitación se enmarca en el seguimiento y control de inversiones realizadas en los últimos años con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El contrato de asesoramiento jurídico para las 45 sociedades participadas se repartirá entre los cuatro despachos ya seleccionados en un acuerdo marco previo: Garrigues, Auren, Ramón y Cajal Abogados y Gómez-Acebo & Pombo.

Quedan fuera de este seguimiento jurídico otras grandes inversiones que se supervisan por otras vías, como los 720 millones comprometidos para la gigafactoría de inteligencia artificial de Tarragona, los 752 millones aportados a la fábrica de diamantes sintéticos de Diamond Foundry en Trujillo o los 168 millones destinados a la fábrica de microchips de Málaga.

La SETT gestiona también los 20.000 millones del Plan de Recuperación orientados a la microelectrónica, además de 4.000 millones del Fondo Next Tech y más de 1.700 millones para el sector audiovisual. Su modelo se basa en la colaboración público-privada: el Estado nunca supera el 49% del capital de cada empresa y, según el Ministerio, sus inversiones han movilizado 6.300 millones de coinversión privada.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.