La UCO sostiene ante el juez del caso Leire que no filtró los mensajes Ábalos-Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, un atestado que contradice la defensa del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado en esta causa por las investigaciones internas que abrió contra agentes implicados en procesos judiciales relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez. El origen de estas diligencias fue la publicación en mayo de 2025, en El Mundo, de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno.

Según el atestado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las averiguaciones descartaron de manera objetiva que la filtración partiera de la UCO, por una cuestión de fechas que no encajaba con los dispositivos incautados al asesor ministerial Koldo García, a los que se atribuía contener esas conversaciones. Aun así, un día después se incoó una información reservada, que finalmente fue archivada.

La Fiscalía y las acusaciones personadas vinculan indiciariamente estas investigaciones internas con una supuesta presión a los agentes encargados de causas judiciales sensibles para el Gobierno. Los mensajes publicados recogían, entre otras cosas, que Sánchez admitió por WhatsApp, tras las elecciones de 2023, que "echaba de menos" trabajar con Ábalos y que valoraba su "amistad".

El atestado añade que, pese a que Llamas ya había transmitido que sabía que la UCO no era el origen de la filtración, el responsable de la investigación interna prosiguió con la información reservada y comunicó al general de la Policía Judicial y al jefe de la UCO que pretendía entrevistarse con los magistrados instructores por orden del DAO. Ambos mandos le advirtieron de que una información reservada dirigida a su policía judicial no sería del agrado de los jueces. Según el documento, sí llegó a producirse un encuentro con el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruía entonces la causa contra Ábalos y Koldo García, quien "de forma tajante" no lo autorizó y advirtió de que, si se abría la información reservada, procedería a abrir diligencias contra el testigo y contra quien la hubiera ordenado. Tras conocer ese encuentro, el DAO ordenó el cierre de la investigación interna.

La investigación que ahora analiza el juez Pedraz examina en detalle los pasos dados por Llamas tras la publicación de los mensajes. El atestado señala que, en las comunicaciones con el oficial coordinador, se le transmitió de forma reiterada que no se había entregado ningún dispositivo y que todas las evidencias permanecen a disposición de la autoridad judicial en dependencias policiales. Un mes después, el 10 de junio, se practicó un registro en el domicilio de Ábalos en Valencia, donde se incautó un nuevo dispositivo que una mujer trató de ocultar a los agentes; en él se encontraron las conversaciones que dieron origen a la investigación reservada.

Por último, el atestado sostiene que, cuando la UCO ha detectado filtraciones relacionadas con sus actuaciones, las ha denunciado ante la autoridad judicial de la que depende, como ocurrió en los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente, David Sánchez. En ese caso, según otro atestado publicado por este medio, fue la propia jueza instructora, Beatriz Biedma, quien ordenó trasladar a las partes personadas los correos electrónicos encontrados durante la investigación.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.