Las comunidades plantean distintas vías ante la crisis de la vivienda
Las comunidades explican sus medidas ante la crisis de vivienda. En Baleares prevén aumentar más de un 70% el parque público.
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos en España y las comunidades autónomas aplican medidas diferentes según su situación. Responsables autonómicos consultados por PRENSA IBÉRICA explican las políticas adoptadas y sus objetivos para los próximos cinco años.
En Baleares, los responsables señalan que las islas arrastran un problema grave de vivienda que se ha gestado durante años. Defienden que el plan autonómico está dando resultados y que las promociones públicas actualmente en tramitación permitirán aumentar el parque público en más de un 70%.
La previsión para el próximo lustro pasa por disponer de más vivienda para residentes a precios asequibles, avanzar en la reversión de la emergencia habitacional y facilitar el acceso de los jóvenes. Estas prioridades tienen una incidencia directa en Palma, como capital balear y uno de los principales ámbitos urbanos de las islas, aunque el texto no aporta cifras específicas de la ciudad.
Las respuestas del resto de comunidades reflejan estrategias diversas. Canarias cifra en 284 las viviendas públicas finalizadas desde 2024 mediante el plan Rehabilita Canarias y en 1.996 las que están en construcción, mientras que la Comunitat Valenciana asegura que el precio de compra ha aumentado un 139% y el alquiler un 89% desde 2019.
Andalucía destaca el impulso de más de 19.300 viviendas en el primer semestre de 2026; Aragón reconoce un parque público de 1.289 viviendas acumulado durante cuatro décadas; y Madrid prevé desarrollar nuevos ámbitos urbanísticos con capacidad para unas 280.000 o 300.000 viviendas en los próximos 15 años.
Entre las medidas citadas también figuran los avales para jóvenes, las ayudas al alquiler, la rehabilitación de edificios y la promoción de vivienda protegida. Las comunidades discrepan, además, sobre la regulación del mercado: mientras Galicia rechaza declarar zonas tensionadas, otros territorios apuestan por ampliar la oferta pública y el alquiler asequible.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.