Las nuevas normas de alquiler mantienen la incertidumbre sobre desahucios y prórrogas
Los decretos de vivienda regulan desahucios, subidas de alquiler, prórrogas e indemnizaciones, pero aún deben ser convalidados.
Los dos decretos aprobados por el Gobierno el 6 de octubre introducen cambios en los alquileres, los desahucios y las renovaciones de contratos, aunque todavía deben ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso tras la convocatoria de elecciones. Mientras tanto, sus medidas son de obligado cumplimiento desde su entrada en vigor, según explica el abogado Fernando Franchy Piña, del despacho Lexway.
El Real Decreto-ley 29/2026 contempla la suspensión de determinados procedimientos de desahucio cuando el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad y no dispone de una alternativa habitacional. La aplicación depende de la situación económica y social del arrendatario, del tipo de procedimiento y de las características del propietario, por lo que no todos los desahucios quedan suspendidos automáticamente.
La norma también limita las actualizaciones de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el alquiler supere el índice estatal de referencia no podrá aplicarse una subida y, en los demás casos, el incremento será el pactado por las partes o, si no existe acuerdo, no podrá superar el 2%.
Además, determinados contratos de vivienda habitual podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de hasta dos años, por anualidades, siempre que cumplan los requisitos legales. El arrendador deberá aceptarla cuando proceda, salvo las excepciones previstas. Franchy advierte de que enviar un burofax comunicando la no renovación no basta por sí solo para impedir la prórroga.
El segundo decreto, el Real Decreto-ley 28/2026, entrará en vigor el 15 de noviembre. Para los vencimientos posteriores a esa fecha, el propietario que no renueve deberá indemnizar al inquilino con la cantidad mayor entre 12 mensualidades y una mensualidad por cada año de residencia, calculada sobre el tramo superior del sistema estatal de índices de precios de referencia. Las causas de exclusión, como la necesidad propia o familiar, deberán figurar de forma expresa y detallada en el preaviso.
La sucesión de tres normas de urgencia sobre el alquiler en siete meses ha disparado las consultas a los abogados y mantiene la inseguridad sobre su futuro. Según Franchy, el plazo constitucional para la convalidación vence en torno al 21 de noviembre, por lo que las medidas podrían decaer poco después de comenzar a aplicarse. La situación afecta también a los propietarios e inquilinos de Palma, dentro del mercado de alquiler de Balears.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.