Una madre y su hija con discapacidad son desahuciadas de su piso en Maó

Una madre y su hija han tenido que abandonar este lunes por la mañana el piso que habitaban desde hace ocho años, en la calle Sant Sebastià de Maó, en cumplimiento de una sentencia judicial dictada tras la demanda del propietario para recuperar el inmueble. El proceso se inició entre 2022 y 2023. La ejecución del desahucio, con cambio de cerradura por parte de la comitiva judicial, se desarrolló con lentitud y bajo fuertes medidas de seguridad, sin incidencias, pese a las protestas de un reducido grupo de personas que criticaron al alcalde de Maó, al Ibavi y a la presidenta del Govern.

La Policía Nacional, con apoyo de la Policía Local, cortó el paso peatonal y el tráfico en el tramo de la calle donde se ubica el edificio, y bloqueó las calles adyacentes con varios vehículos policiales.

La inquilina, Carmen Prado, salió del edificio acompañada por su abogada, Cristina Gómez. Su hija permaneció un tiempo más en la vivienda por estar nerviosa. Según explicó su madre, la joven necesita una bombona de oxígeno para respirar y tiene una discapacidad mental del 68 por ciento. Ambas se alojarán provisionalmente en la Casa de Acogida de Maó, facilitada por los Servicios Sociales.

Carmen Prado calificó lo ocurrido de «injusticia», y aseguró que estaba al corriente de pago y que había mantenido la casa en perfecto estado hasta el último día. El desahucio debía haberse ejecutado en septiembre, pero se aplazó después de que se frustrara otra vivienda que tenía acordada para alquilar con opción a compra en la calle San Luis Gonzaga.

Las inquilinas firmaron el contrato en 2018, de tres años de duración, que el propietario prorrogó al menos un año más. La renta era de 700 euros mensuales por un piso de cuatro habitaciones. Según el relato de la inquilina, el propietario ya intentó recuperar la vivienda antes, con una fecha de desahucio fijada para el 31 de diciembre de 2023 que finalmente se paralizó. Lamentó que no se le ofreciera ninguna alternativa habitacional, pese a que el propietario, según ella, gestiona una inmobiliaria.

La abogada Cristina Gómez informó de que ha presentado un recurso, admitido a trámite en el Tribunal de Instancia, acogiéndose al nuevo decreto ‘Maricarmen’. Explicó que el recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que el desahucio no se ha detenido. Según indicó, el juez sostiene que el proceso debe seguir su curso porque se trata de un pequeño propietario, extremo que la defensa cuestiona al considerar que el dueño gestiona una inmobiliaria, algo que han pedido al juez que aclare. Gómez añadió que, si el recurso prospera, podría revocarse el lanzamiento, aunque eso no evita que las afectadas se queden sin vivienda.

Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.