Canarias defiende la gestión de los centros de menores migrantes tras el caso Quórum Social 77

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, asegura que su departamento llegará «hasta las últimas consecuencias» en el caso Quórum Social 77 para depurar responsabilidades por presuntos malos tratos a menores migrantes. La entidad gestiona aún otros 17 recursos con unos 800 menores que, según la consejera, funcionan correctamente y están supervisados por la Consejería, la Fiscalía y la Policía Canaria.

Delgado sostiene que, cuando su Gobierno llegó en julio de 2023, la inspección y el control de los centros eran mínimos. Explica que, tras el repunte migratorio de 2024, con llegadas de hasta 100 menores diarios, se abrieron numerosos centros con rapidez y que los hechos ahora investigados se detectaron mediante inspecciones y se pusieron en manos de la Fiscalía en 2024. Según la consejera, en ese proceso colaboraron la Fiscalía, Acnur y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Ante las críticas de la diputada del PSOE Elena Máñez, que le ha pedido que asuma responsabilidad política, Delgado responde que le parece «muy fuerte» que se le exija responsabilidad por hechos ocurridos durante el gobierno anterior. Según detalla, la empresa despidió a los trabajadores denunciados, que alegan obedecer órdenes directas de sus jefes, algo que, a su juicio, debe investigarse también.

Sobre la continuidad de la relación con la entidad, la consejera explica que los dos recursos implicados ya se han cerrado por orden judicial, mientras que el resto sigue funcionando. Señala que los directivos están investigados, pero que no hay una imputación ni sentencia firme que permita rescindir los contratos, y que una rescisión unilateral podría acarrear a la Administración el pago de daños y perjuicios.

Delgado rechaza además las dudas sobre la vigilancia de los centros, afirma que la Consejería dispone de 25 inspectores que actúan sin aviso y niega que se avise a los centros antes de las inspecciones, atribuyendo esas afirmaciones a extrabajadores despedidos con intereses propios en el proceso. Asegura también que no tiene constancia de nuevas denuncias de violencia y que la red gestiona 72 centros con 2.750 menores migrantes.

Información elaborada a partir de La Provincia.