Canarias suma 76 profesionales a los centros de menores con medidas judiciales
Canarias refuerza con 76 profesionales los centros de menores con medidas judiciales y eleva la financiación para personal, ejecución y seguridad.
El Gobierno de Canarias ha reforzado con 76 profesionales la plantilla de los Centros de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEM) del Archipiélago. El programa cuenta ahora con 562 trabajadores para atender a 114 menores con medidas judiciales y recibirá distintas partidas económicas para personal, ejecución de medidas y seguridad.
La Fundación Canaria de Juventud IDEO dispondrá de 1,3 millones de euros adicionales para las retribuciones de sus trabajadores, mientras que la financiación ordinaria para ejecutar medidas judiciales alcanzará los 29,45 millones en 2026. Además, se han aprobado casi 14 millones de euros para la vigilancia, la protección perimetral y los sistemas de videovigilancia de los centros Valle Tabares y La Montañeta entre 2027 y 2029.
Los centros mantienen una ocupación inferior a su capacidad máxima, lo que facilita una intervención individualizada. Valle Tabares cuenta con 63 menores para 100 plazas, mientras que La Montañeta registra una media aproximada de 54 jóvenes sobre una capacidad de 85. Entre ocho y diez menores se encuentran en unidades educativas periféricas separadas del edificio principal.
La seguridad se articula mediante un departamento propio registrado ante la Dirección General de la Policía. En La Montañeta trabajan 30 efectivos de seguridad privada por jornada, distribuidos entre los turnos de mañana, tarde y noche, con apoyo del sistema de comunicación y alarmas «Código Azul» y conexión directa con el CECOES 112.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, recordó que el Consejo de Gobierno autorizó el II Convenio Colectivo de la Fundación IDEO, que regulariza las retribuciones de 766 trabajadores y recupera el 5 % salarial descontado en 2011. Durante su intervención en el Parlamento de Canarias, defendió que la situación de los centros no se corresponde con una imagen de abandono, falta de personal o ausencia de seguridad.
La medida afecta al conjunto de Canarias y tiene interés para Las Palmas de Gran Canaria como capital autonómica, al tratarse de un refuerzo del sistema regional de atención a menores sujetos a medidas judiciales.
Información elaborada a partir de La Provincia.