Corujo recurre su cese al frente de la comisión canaria de eutanasia
Elisa Corujo recurre su cese como presidenta de la comisión canaria de eutanasia y reclama que la decisión sea anulada.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, cesó el 14 de septiembre a Elisa Corujo como presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de la Ayuda para Morir de Canarias. La decisión se adoptó a propuesta del director del Servicio Canario de Salud.
Corujo, especialista en Geriatría con destino en el Hospital Universitario José Molina Orosa de Lanzarote, también preside el Comité de Ética Asistencial de esta isla. Ocupaba la presidencia de la comisión desde octubre de 2025, como su tercera responsable desde la creación del órgano en junio de 2021.
La orden atribuye el cese a la causa prevista en el artículo 4.3 b) del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2021: la «imposibilidad para el ejercicio de sus funciones». Corujo ha presentado un recurso de reposición, al que ha tenido acceso EFE, en el que considera arbitraria la decisión y solicita su anulación y su restitución en el cargo.
La doctora sostiene que la resolución no concreta qué incapacidad le impediría ejercer sus funciones ni qué tareas habría dejado de realizar. A su juicio, esta falta de explicación supone una «motivación racional y suficiente» insuficiente para conocer las razones del cese y poder impugnarlo.
Corujo afirma que no padece ninguna limitación física o cognitiva que le haya impedido desempeñar la presidencia. En sus alegaciones asegura que durante el año al frente de la comisión trabajó para mejorar su funcionamiento y atender las dudas, consultas y observaciones relacionadas con su actividad.
El recurso también menciona el informe anual sobre la aplicación de la ley de regulación de la eutanasia y el desarrollo de la prestación, que, según Corujo, fue trasladado a los órganos directivos para su publicación y difusión pública. La afectada sostiene que la elaboración y publicación del documento forma parte de las responsabilidades de la comisión y que esta decisión «no siempre ha sido recibida favorablemente».
La decisión afecta a un órgano de ámbito autonómico cuya actividad se desarrolla en Canarias, incluida la provincia de Las Palmas, por lo que sus posibles consecuencias interesan también a los residentes de la capital y al conjunto de usuarios del sistema sanitario público de las islas.
Información elaborada a partir de La Provincia.