La crisis de menores en Ceuta plantea lecciones para Canarias
La crisis de menores en Ceuta reabre el debate sobre las responsabilidades de acogida y ofrece lecciones para Canarias ante llegadas migratorias.
Entre 700 y 1.000 menores inmigrantes permanecían sin tutela en las calles de Ceuta el pasado 15 de septiembre, según la estimación del Gobierno. Otros 2.048 estaban identificados y acogidos por la Ciudad Autónoma y unos 300 eran atendidos en recursos estatales, casi mes y medio después de la avalancha migratoria de finales de julio.
La situación ha abierto un debate sobre el reparto de responsabilidades cuando una llegada extraordinaria desborda la capacidad de acogida. Aunque la protección de los menores corresponde a Ceuta, el Estado mantiene las competencias sobre inmigración, vigilancia de fronteras e identificación de extranjeros. El texto reclama explicaciones sobre cómo decenas de miles de personas pudieron cruzar irregularmente la frontera en apenas dos días y sobre la respuesta ante las advertencias previas.
El Reglamento europeo 2024/1356 obliga a realizar sin demora, y por regla general en un máximo de siete días, un procedimiento de triaje que incluye identificación, controles sanitarios y de seguridad, detección de vulnerabilidades y derivación al procedimiento correspondiente. En el caso de los menores no acompañados, las garantías son reforzadas y deben contar cuanto antes con asistencia adecuada.
El Real Decreto 681/2026 declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y designó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como autoridad encargada de coordinar la respuesta. Además, el Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto trasladar a la Península a 500 menores acogidos, una medida que el Gobierno ceutí considera insuficientemente concretada.
La experiencia también tiene interés para Canarias, incluida Las Palmas de Gran Canaria, por las dificultades que afrontan las islas cuando no pueden ejecutarse las devoluciones. El 2 de septiembre, 82 inmigrantes senegaleses llegados a El Hierro quedaron en libertad tras cumplir 60 días en centros de internamiento sin que pudiera materializarse su expulsión. El caso evidencia que el fin del internamiento no implica automáticamente la obtención de una autorización de residencia y que los acuerdos de readmisión requieren acreditar la procedencia y la colaboración del país de origen.
Información elaborada a partir de La Provincia.