La Laguna anticipa informes sociales a los juzgados para frenar desahucios con el decreto Maricarmen
La Laguna adelanta informes sociales a los juzgados para frenar desahucios con el decreto Maricarmen, que ya evitó un lanzamiento en octubre.
El Ayuntamiento de La Laguna ha empezado a aplicar el llamado «decreto Maricarmen» con un protocolo que adelanta la intervención municipal ante el riesgo de desahucio. Los servicios sociales remiten a los juzgados los informes de vulnerabilidad sin esperar a que se los pidan, con el objetivo de que se puedan adoptar medidas de protección antes de la fecha del lanzamiento. Según el Consistorio, este procedimiento ya permitió detener un desalojo previsto para octubre, que afectaba a una mujer y su hija.
La actuación implica a la Concejalía de Bienestar Social y a la empresa pública Muvisa, que realizan un seguimiento individualizado de las personas y familias amenazadas por la pérdida de su vivienda. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha ordenado utilizar «todas las medidas que nos permite la nueva legislación» para frenar los desahucios de vecinos en situación de extrema vulnerabilidad.
La principal novedad es tomar la iniciativa ante los órganos judiciales. El Ayuntamiento anticipa la documentación social para que el juzgado conozca las circunstancias de los afectados y valore las medidas aplicables. La concejal de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del área, Rosa Ana García Gaviño, presentaron el protocolo a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Inma Évora, en un encuentro en el que también se examinaron los recursos de emergencia habitacional.
El marco legal es el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre y publicado al día siguiente. Su nombre popular recuerda a Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de su vivienda del distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante siete décadas. Falleció el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón sin haber podido regresar a su casa. Su caso se convirtió en símbolo de la movilización por el derecho a la vivienda.
El decreto establece distintas vías de protección según la situación de los afectados, la ausencia de alternativa habitacional y las características de la parte demandante. Contempla suspensiones hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque algunos supuestos están sujetos a revisión y a una duración máxima de tres años. Además, la Administración competente dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar la deuda y las costas en determinados procedimientos por impago.
La tramitación tuvo un desenlace dividido. La Diputación Permanente convalidó el decreto sobre la función social de la vivienda, que sustenta la intervención lagunera, pero derogó el dedicado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento. Por último, el Ayuntamiento ha remitido un oficio al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para comunicar la situación de vulnerabilidad de determinados vecinos y mejorar la coordinación con el Gobierno de Canarias.
Información elaborada a partir de La Provincia.