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La UE limita desde el domingo las falsas promesas de sostenibilidad

La directiva europea limita desde el 27 de septiembre el ‘greenwashing’, la obsolescencia programada y los sellos ambientales sin respaldo.

Redacción · Las Palmas de Gran Canaria 2 min de lectura

La directiva europea 2024/825 sobre Empoderamiento de los Consumidores entrará en vigor este domingo, 27 de septiembre, y restringirá la publicidad ambiental engañosa, conocida como ‘greenwashing’, además de combatir la obsolescencia programada.

Desde esa fecha, expresiones como “eco”, “bio”, “verde”, “sostenible” o “respetuoso con el medio ambiente” no podrán utilizarse sin una justificación expresa, evidencias con base científica y acreditación disponible para el consumidor en el etiquetado, la web o la publicidad del producto.

La norma también limita mensajes como “neutro en carbono” o “net zero” cuando se fundamenten únicamente en la compra de créditos de carbono o en compensaciones, como la plantación de árboles, y no en una reducción demostrable de las emisiones vinculadas a la fabricación, el transporte o el uso.

Asimismo, los sellos ambientales creados por las propias empresas quedarán vetados si no cuentan con una certificación independiente acreditada o con un sistema autorizado por las administraciones públicas. Las promesas de sostenibilidad a largo plazo deberán incluir planes realistas, objetivos intermedios medibles y verificaciones externas periódicas.

La directiva obliga además a ofrecer información clara sobre la duración de los aparatos, las opciones de entrega con menor impacto ambiental, los servicios posventa y de reparación, así como las actualizaciones de software y sus efectos en los bienes digitales. Los consumidores verán también avisos obligatorios sobre sus derechos y una nueva etiqueta para los productos cuya garantía supere los dos años.

Las autoridades podrán realizar inspecciones y auditorías. Entre las medidas previstas figuran la retirada o suspensión de distintivos, multas y la exclusión temporal de licitaciones públicas. Las empresas incumplidoras podrían afrontar sanciones de al menos el 4% de sus ingresos anuales. La norma será aplicable también a las empresas que operan en Las Palmas de Gran Canaria y en el resto de la Unión Europea.

Información elaborada a partir de La Provincia.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de La Provincia · Ver original

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