El Supremo británico da la razón a la aseguradora del Prestige y reabre el pulso por los 855 millones
El Supremo del Reino Unido da la razón a la aseguradora del Prestige y reconoce su derecho a ser indemnizada por España y Francia.
El Tribunal Supremo del Reino Unido ha vuelto a dar la razón a la aseguradora London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association (London P&I Club) y le ha reconocido el derecho a ser indemnizada por España y Francia. La sentencia, dictada por unanimidad por cinco magistrados, considera que ambos Estados debían someter su reclamación de 855 millones de euros al arbitraje de Londres, tal y como fijaba la póliza del seguro del buque, y no a los tribunales españoles.
El fallo no fija una cantidad concreta, pero tampoco permite que se ejecuten las cantidades reconocidas por la justicia española. Según explica el propio Supremo londinense en una nota de prensa, el Club inició nuevos arbitrajes en Londres contra los Estados, alegando que estos continuaron los procedimientos judiciales en España y obtuvieron la sentencia incumpliendo su obligación de acudir al arbitraje.
Ya en diciembre de 2024 el Tribunal de Apelación de Londres había rechazado la pretensión de España de cobrar la indemnización en Inglaterra, al avalar que no podía inscribirse allí un fallo de 1 de marzo de 2019 del Tribunal Provincial de A Coruña. La nueva resolución insiste en que la sentencia no puede ejecutarse en territorio inglés, aunque no implica que sea imposible hacerlo en cualquier otro país.
El caso se remonta a noviembre de 2002, cuando el petrolero monocasco Prestige, con pabellón de Bahamas, vertió 63.000 toneladas de fuel frente a la costa gallega. La marea negra contaminó más de un millar de playas y causó la muerte de al menos 200.000 aves marinas. El buque había partido de San Petersburgo con un cargamento de fueloil y tenía como destino inmediato Gibraltar.
Para Pontevedra, cuya provincia figuró entre las zonas más castigadas por el vertido, el litigio sigue siendo un asunto pendiente casi veinticuatro años después. La noticia confirma que la indemnización de 855 millones continúa sin poder ejecutarse, lo que mantiene abierta la discusión sobre la reparación de los daños ambientales y económicos que sufrió el litoral gallego.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.