Cinco jueces del Constitucional cuestionan la amnistía a la malversación
Cinco magistrados conservadores del Constitucional cuestionan la sentencia que ampara a Dolors Bassa y ordena aplicar la amnistía a la malversación.
Los cinco magistrados conservadores del Tribunal Constitucional que han quedado en minoría han criticado la decisión de amparar a la exconsellera catalana Dolors Bassa y ordenar aplicar la ley de amnistía al delito de malversación del ‘procés’. En un voto particular, acusan a la mayoría de asumir «un indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria».
José María Macías, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa sostienen que la sentencia, cuyo ponente ha sido el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, utiliza calificativos «innecesarios» e «inaceptables» sobre las resoluciones del Tribunal Supremo que rechazaron aplicar la amnistía a la malversación.
Los magistrados discrepantes también cuestionan la metodología empleada por la mayoría, al situar al mismo nivel la ley de amnistía y el Código Penal. Defienden la interpretación del Supremo sobre el enriquecimiento personal y rechazan que ninguna malversación cometida durante el ‘procés’ pueda considerarse un beneficio personal.
El voto particular denuncia una supuesta sustitución del papel del Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria. Según los firmantes, el Constitucional no se habría limitado a examinar la cuestión desde el punto de vista constitucional, sino que habría corregido al Supremo y le habría impuesto cómo interpretar la ley.
Los cinco jueces consideran especialmente relevante que la sentencia indique al alto tribunal que debe declarar amnistiado el delito de malversación «con carácter preferente y urgente». A su juicio, esta instrucción puede provocar una «colisión institucional» y refleja desconfianza hacia la actuación posterior del Supremo.
La resolución afecta a un asunto de ámbito catalán, aunque tiene relevancia para el conjunto de España por el alcance jurídico e institucional de la ley de amnistía y por el papel que atribuye a cada tribunal. En la Comunidad Valenciana, la decisión se sigue como parte del debate nacional sobre la aplicación de esta norma.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.