El Gobierno recurre ante el Constitucional la 'prioridad nacional' y otros artículos de la ley de acompañamiento valenci

El Gobierno de España ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, aprobada en julio en las Corts, con un recurso de inconstitucionalidad que se centra en 20 de sus 200 artículos. El Consejo de Ministros aprobó esta decisión, y el Consell de Juanfran Pérez Llorca respondió que defenderá la norma "con todos los argumentos jurídicos".

El recurso apunta sobre todo al concepto de "prioridad nacional" que el Consell pactó con Vox, así como a los requisitos de arraigo para acceder a vivienda pública y prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión: tres años de empadronamiento continuado, o diez en los últimos treinta. El Ejecutivo considera que estos criterios vulneran el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad, y el artículo 9.2 sobre igualdad material, y apoya su argumentación en un dictamen del Consejo de Estado, que advierte de que estos requisitos "favorecen estructuralmente a quienes ya estaban asentados en el territorio valenciano".

El recurso alcanza también al veto al burka en espacios públicos, a la restricción de menús alternativos por razones culturales o religiosas en los comedores escolares, a la igualdad de las personas LGTBI en los centros educativos, a la protección de los no nacidos, a la exigencia de diez años de antigüedad a funcionarios de otras administraciones para optar a puestos de la Dirección Pública Profesional y a los proyectos estratégicos de energías renovables, en los que el Gobierno ve una invasión de competencias estatales.

Desde el Consell, el portavoz Miguel Barrachina acusó a Pedro Sánchez de "hipocresía" y afirmó que "Sánchez no recurre una ley, ataca a los valencianos". Barrachina defendió que pedir arraigo "no es discriminar: es justicia con quien cumple" y citó datos de Gandia, donde hay 1.386 viviendas con más de seis personas empadronadas, 148 más que hace un año. Desde la Moncloa, la ministra portavoz Elma Saiz sostuvo que las medidas "contradicen condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras".

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, había anunciado en julio que el Gobierno recurriría los proyectos legislativos de la Generalitat que incorporaran la "prioridad nacional". El asunto llega ahora a la pugna electoral que arranca en la Comunitat Valenciana, donde el PSPV puede presentar el recurso como una muestra de que frena medidas de la derecha.

Aunque la noticia tiene su origen en la política autonómica, afecta a los vecinos de Valencia capital en cuestiones como el acceso a la vivienda pública, las ayudas sociales y los menús escolares, dado que la ley se aplica en toda la Comunitat.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.