El Gobierno ultima nuevas ayudas ante la subida de la inflación y la energía

El Gobierno prepara un nuevo paquete de ayudas que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes para afrontar el aumento de la inflación y la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. Desde marzo se han movilizado alrededor de 7.000 millones de euros en ayudas directas y otros 2.700 millones por la reducción progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

El Ejecutivo prevé aprobar medidas para los sectores más afectados, aunque no se compromete a prorrogar por completo el actual decreto, como reclaman las patronales. Buena parte de las medidas del llamado escudo social caducan el próximo miércoles, entre ellas las rebajas del impuesto de hidrocarburos y las ayudas al gasóleo para profesionales y agricultores. El bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables seguirán vigentes hasta final de año.

Los carburantes se han encarecido un 21,3% y la inflación general aumentó siete décimas en agosto, hasta el 4,3%. Los socios parlamentarios consideran insuficiente la respuesta y reclaman que el Gobierno incluya también medidas sobre vivienda, aunque el PSOE prefiere tramitar este asunto en un decreto separado si no tiene garantizados los apoyos en el Congreso.

PSOE y Sumar pactaron antes del verano una prórroga reforzada de los alquileres, que permitiría ampliar dos años los contratos que terminen antes de julio de 2028. El acuerdo podría beneficiar a 1,5 millones de hogares, unos cuatro millones de personas. También contempla elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos, regular los alquileres de temporada, establecer bonificaciones fiscales para quienes reduzcan las rentas y obligar a formalizar los contratos por escrito.

La moratoria de los desahucios es uno de los principales puntos de conflicto. Sumar y otros socios de izquierdas reclaman recuperar la prohibición de desalojar a personas vulnerables, mientras que el Gobierno insiste en que necesita el respaldo parlamentario. Las medidas, una vez aprobadas, deberán ser convalidadas por el Congreso. El contenido afecta también a los hogares y sectores de la Comunitat Valenciana, aunque el texto no detalla medidas específicas para la provincia de Valencia.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.