El Supremo rechaza el recurso de los taxistas y deja firme que los VTC pueden prestar servicios urbanos en Valencia
El Supremo inadmite el recurso de Radio Taxi y la sentencia del TSJCV que permite a los VTC prestar servicios urbanos en la Comunitat queda firme.
El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso de casación presentado por Radio Taxi Metropolitano de Valencia S. L. contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) pueden realizar servicios urbanos en la Comunitat, es decir, con origen y destino en la ciudad. Con esta decisión, la sentencia 661/2025 del TSJCV queda firme y no admite ya recurso alguno, según la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana (Movva), que celebra la resolución.
La sentencia del TSJCV, dictada el 20 de noviembre de 2025, se produjo en un pleito sobre la contratación de servicios de transporte de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (À Punt), que no ha querido hacer declaraciones al respecto. Movva se personó en el procedimiento en defensa del sector. El tribunal basó su decisión en el Decreto Ley 4/2019 y en el artículo 3.2.c) de la Ley 6/2011, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.
Según una providencia del Supremo fechada el 21 de octubre de 2026, el alto tribunal considera que Radio Taxi no justificó debidamente el interés casacional y rechaza por genéricos los supuestos invocados. Además, le impone el pago de las costas, con un máximo de 2.000 euros más IVA.
Movva sostiene que el servicio urbano de los VTC nunca estuvo prohibido, ni antes ni después del Real Decreto-ley 13/2018, conocido como 'decreto Ábalos'. Según la asociación, esa norma atribuyó a las administraciones autonómicas y locales la regulación de los servicios urbanos y mantuvo las autorizaciones existentes durante un periodo transitorio. La asociación afirma que la sentencia «no ha concedido a las VTC un permiso nuevo», sino que ha constatado una habilitación que existió sin interrupción.
Movva denuncia que la Dirección General de Transportes ha impuesto numerosas sanciones a profesionales VTC por prestar servicio urbano, algunas incluso después de la sentencia del TSJCV, y reclama a la Conselleria competente que deje de tramitar esos expedientes, revise de oficio las sanciones impuestas y aplique un criterio único. Su presidente, Ricardo González, afirma que el sector «no gana un derecho, sino que se le reconoce el que ya tenía».
Información elaborada a partir de Las Provincias.