El taxi valenciano acusa a los VTC de nunca haber tenido permiso para los servicios urbanos

El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat, Fernando del Molino, asegura que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) «jamás han tenido autorización para hacer servicios urbanos». Sus declaraciones responden a la celebración de las VTC tras la inadmisión por parte del Tribunal Supremo de un recurso de Radio Taxi Metropolitano S. L. contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2025, favorable a sus intereses.

La patronal valenciana de las VTC sostiene que el rechazo del recurso, interpuesto por los taxistas contra el fallo del TSJCV sobre un concurso de movilidad para el personal de À Punt, les habilitaba a realizar servicios urbanos, es decir, con origen y destino en el mismo municipio, incluso antes del verano, cuando el Consell modificó la normativa autonómica para permitirlos expresamente. Según del Molino, sin embargo, el Supremo no entró en el fondo de la cuestión sobre el servicio urbano, porque consideró que se trata de una norma autonómica y que no era competente para resolver.

El dirigente del taxi valenciano afirma que existen numerosas sentencias de otros tribunales autonómicos que «dejan muy claro que con la autorización de VTC no se pueden hacer servicios urbanos», y señala que la más reciente se dictó en el País Vasco hace solo unas semanas. Asegurar sin matices que las VTC han podido hacer servicios urbanos desde siempre es, a su juicio, una afirmación «incierta» que equivale a mentir.

Del Molino explica que, antes de 2018, solo existían antiguas licencias de taxi clase C-Gran Turismo que se reconvirtieron en VTC con autorización para servicios interurbanos, por lo que, en su opinión, podría entenderse que en origen se les concedieron autorizaciones urbanas. A partir de entonces, según la Confederación, todas las autorizaciones concedidas han sido nacionales y el Ministerio nunca ha sido competente para autorizar el ámbito urbano, por lo que «siempre se han utilizado de forma fraudulenta». Añade que el Gobierno central trató de aclarar la situación indicando que las VTC solo podían prestar servicios interurbanos ante la disparidad de interpretaciones.

En cuanto a la sentencia del TSJCV, del Molino sostiene que apunta a la existencia de un vacío legal derivado de un párrafo de la Ley valenciana de Movilidad de 2019, que pretendía limitar el servicio de VTC y permitía a los ayuntamientos decidir si podían prestar servicios urbanos en sus municipios. Considera «extraño» que el tribunal entendiera que dejar la decisión en manos de los ayuntamientos suponía que no se les limitaba. Según el presidente de la Confederación, todo ha perdido sentido tras el decreto de junio de 2026, que modifica el marco normativo autonómico.

Del Molino recuerda, además, el artículo 91 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), actualmente en vigor, que establece que las autorizaciones son nacionales y se rigen por esa misma norma, y recomienda consultar las últimas sentencias sobre servicio urbano dictadas en Navarra y el País Vasco.

Información elaborada a partir de Las Provincias.