La acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia condiciona su retirada

La acampada por el derecho a la vivienda, instalada desde hace más de un mes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ha mostrado su disposición a retirarse de este espacio, aunque sin concretar fechas ni el proceso. Los acampados condicionan la salida a que no sean desalojados «de manera forzosa» y a que las administraciones se comprometan a «cuidar a Valencia en calidad de vivienda» y a asumir sus reivindicaciones.

Así lo ha trasladado Dan, portavoz de la acampada, en declaraciones a los medios tras una reunión de más de tres horas con dos asesores de la Delegación del Gobierno y de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia. Según explicó, salen de la reunión «con buen sabor de boca», aunque advirtió de que esto «no se soluciona en un día» y de que queda «mucho trabajo». También reclamó la presencia de las personas competentes que no acudieron, en referencia a la ausencia de representantes de la Generalitat.

Dan afirmó que los técnicos de Delegación y Ayuntamiento se han comprometido a que no haya un desalojo forzoso y a no actuar de forma violenta ni sin aviso. Señaló que el acta de la reunión se hará pública. Como referencia, citó el desalojo reciente de la acampada de Sol, en Madrid. Para la protección del derecho a la vivienda, reclamó que se declare Valencia zona tensionada, a fin de limitar los alquileres, y extendió la petición a los municipios de la provincia.

Dan también se dirigió a la alcaldesa, Mª José Catalá, que este jueves pidió a la Delegación que «mueva ficha» y no descartó medidas judiciales para recuperar la normalidad. Los acampados le pidieron que se ponga a trabajar en sus reivindicaciones y propusieron que la mesa de negociación se reúna mensualmente.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron que los acampados han presentado una serie de peticiones como condición para iniciar una desescalada, que deberán registrarse en las próximas horas, y que la mayoría corresponden al ámbito local y autonómico. Desde el Ayuntamiento, las fuentes municipales sostuvieron que «escuchar no significa aceptar» y pidieron una retirada rápida y pacífica; si no es voluntaria, anunciaron que acudirán a la justicia.

Información elaborada a partir de Las Provincias.