Los comités de emergencia piden una reconstrucción tras la dana con justicia social y ambiental

Los comités locales de emergencia y reconstrucción han difundido un comunicado conjunto a las puertas del segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó a buena parte de la provincia de Valencia. En su manifiesto, sostienen que la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón y reclaman apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores del pasado y proteger realmente a la población.

El manifiesto ha sido suscrito por más de una decena de organizaciones, entre ellas familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector, organizaciones agrícolas y ecologistas como Greenpeace. Denuncian que, tras nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las administraciones siguen centradas en el asfalto, las escolleras rígidas de hormigón y los parches asistenciales, lo que perpetúa el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe. Piden dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.

Entre sus diez ejes estratégicos figuran la impulsión de las comunidades energéticas ciudadanas, una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos, una moratoria a nuevos desarrollos en zonas de riesgo, la renaturalización de los cauces fluviales y la regulación del precio de los alquileres. También proponen trasladar fuera de las áreas de peligro infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, y apostar por la ciudad de los 15 minutos y el transporte público metropolitano.

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre, ha señalado que, tras 233 muertos, «la lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir». Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha defendido que reconstruir no es volver al modelo intensivo, y ha pedido apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras.

Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace, ha afirmado que la adaptación tiene límites y que la única forma de frenar la espiral de temporales extremos es abandonar los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Ha criticado que la factura del cambio climático la pague la ciudadanía con sus impuestos mientras las petroleras y gasistas registran beneficios récord, y ha concluido que «quien contamina, debe pagar y reparar».

Información elaborada a partir de Las Provincias.