Pradas insiste en pedir sanción para el marido de la jueza de la dana por su presencia en diligencias

Salomé Pradas, exconsellera de Justicia, mantiene su petición de sancionar al marido de la jueza que instruye la causa de la dana y también a la propia instructora, por supuestamente permitir la injerencia de este en la investigación judicial de la tragedia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó el asunto, aunque el magistrado reconoció que estuvo presente en algunas diligencias, según él para interesarse por el estado de su pareja, afectada psicológicamente por el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Pradas sostiene que las diligencias informativas se han cerrado en falso. Considera que la resolución del promotor de la Acción Disciplinaria contiene indicios suficientes para abrir un expediente y que no es necesaria una «certeza absoluta», como parece exigir el órgano de gobierno de los jueces. Tampoco comparte la valoración de la prueba: según su criterio, se ha restado valor a cuatro testimonios que afirman que el marido de la jueza participó en las declaraciones y, en algún caso, daba instrucciones sobre qué recoger en el acta. Para la exconsellera, el hecho de que compartan abogado no debería afectar a la credibilidad de esos testimonios.

La exconsellera también cuestiona que la resolución del Consejo destacara otros testimonios favorables a la pareja de magistrados, como los de las Letradas de la Administración de Justicia, cuando alguna de ellas no estaba destinada en el juzgado en el momento de los hechos. Además, señala una incongruencia: si el segundo magistrado hubiera estado presente, no tendría sentido que su presencia quedara recogida en el acta, pues eso supondría documentar por escrito una irregularidad. «La ausencia del nombre del segundo magistrado en las actas no prueba su ausencia física, sino que subraya la irregularidad no documentada», afirma.

La defensa de Pradas, ahora representada por un letrado distinto al que presentó la primera queja, ha subrayado que el archivo se acordó sin practicar una pericial fonética o informática sobre los audios aportados por los perjudicados, que habría permitido comprobar su integridad o identificar las voces.

La versión del marido de la instructora es la más controvertida de las alegaciones remitidas al Consejo. Reconoció que estaba en la sala durante algunas declaraciones por el desgaste emocional que sufría su pareja al escuchar los relatos de más de un centenar de víctimas y testigos. Según indicó en su informe, entró en algunas declaraciones «con la única finalidad de acercarse y comprobar cómo estaba», aunque no supo precisar en cuáles ni durante cuánto tiempo permaneció en las dependencias.

El caso se sitúa en la provincia de Valencia: el Juzgado de Catarroja se trasladó temporalmente a la Ciudad de la Justicia de Valencia por los desperfectos causados por la dana, sede en la que el marido de la jueza es titular de otro juzgado.

Información elaborada a partir de Las Provincias.