Residencias y centros sociales en el limbo tras la desaparición de la Conselleria de Servicios Sociales

La reorganización del Consell que integra las competencias de Servicios Sociales en la Conselleria de Justicia, decidida por el president Juanfran Pérez Llorca, ha generado críticas desde la patronal, los sindicatos y el tercer sector, que coinciden en advertir de que la medida puede perjudicar la atención a los colectivos más vulnerables de la Comunitat Valenciana.

Entre los asuntos pendientes figura el desarrollo del decreto de tipologías de centros, que regula ratios, plantillas, espacios y funcionamiento, así como el resto de servicios y programas sociales. Según el texto, esa norma, que costó casi dos legislaturas sacar adelante durante el Botànic, lleva tres años de retraso y ha quedado paralizada a la espera de que la Conselleria de Justicia la desarrolle.

Tampoco se han resuelto los concursos de las residencias públicas de gestión privada que funcionan fuera de la legalidad desde hace años. De los 33 centros en esa situación, solo cuatro han sido licitados. Más de 25 residencias y centros de día llevan unos diez meses en proceso de licitación, tras los concursos publicados en diciembre y enero. La entonces consellera Susana Camarero se había comprometido en 2023 a poner orden en el sector.

Los nuevos contratos incluirán la aplicación del nuevo convenio colectivo, con tablas salariales equiparadas a las de sectores como Sanidad o Educación. Según la información, más de 2.000 trabajadores siguen pendientes de que estos contratos se resuelvan desde Justicia. El futuro concurso de unas 6.000 plazas residenciales para personas mayores, previsto para 2027, también pasará a depender de la consellera Nuria Martínez.

José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), expresa preocupación por que una nueva reorganización ralentice los procesos y afirma que los servicios sociales deben ocupar un lugar prioritario en el Gobierno por el envejecimiento de la población. Desde la Plataforma del Tercer Sector reclaman una dirección política específica para el área y piden al president que reconsidere la decisión.

UGT, por su parte, considera que la integración responde a un cálculo electoral y advierte de un posible bloqueo administrativo en la gestión de ayudas y licitaciones, a nueve meses de las elecciones autonómicas. El sindicato sostiene que la integración de consellerias exige meses de rediseño burocrático y reasignación de competencias.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.