El Clínico de Valladolid reclama más apoyos para las familias tras un ictus

Las familias de personas con daño cerebral adquirido, especialmente las cuidadoras, reclaman más apoyos profesionales y sociales para afrontar las consecuencias de un ictus. La demanda cobra especial relevancia en Valladolid, donde el Hospital Clínico Universitario atiende estos casos y fue pionero en la implantación del Código Ictus.

Belén Martín y Mar Moreno han relatado el impacto de cuidar, respectivamente, a un hijo que sufrió un ictus a los 21 años y a un hermano que lo padeció a los 54. Moreno explica que, aunque la situación esté ahora más estructurada, el ictus «te descabala todo el sistema que tienes de vida» y subraya la importancia de recibir orientación y apoyo desde el primer momento.

La atención posterior incluye consultas, rehabilitación, fisioterapia y talleres ocupacionales para afrontar problemas de movilidad, habla, deglución, memoria o depresión. Ambas cuidadoras destacan también la necesidad de que los familiares se cuiden y valoran el acompañamiento de los profesionales de Trabajo Social, junto con el respaldo de familiares y allegados.

Verónica Olmedo Vega, trabajadora social sanitaria en excedencia del área de Neurología del Clínico de Valladolid, investigadora y docente, advierte de que la recuperación depende también de las condiciones sociales, familiares y económicas. La falta de ascensor, por ejemplo, puede impedir que una persona vuelva a su vivienda o reciba rehabilitación domiciliaria.

Olmedo presenta este martes en la Asociación Camino, en el antiguo colegio Rosa Chacel de Valladolid, su libro Daño cerebral adquirido. Voces, procesos y trabajo social. La obra aborda la continuidad asistencial, el acceso a los recursos y el acompañamiento a las familias durante la reconstrucción del proyecto de vida tras el daño cerebral.

La reciente reforma estatal de la Dependencia incorpora un nivel adicional, el Grado III plus, destinado a personas con grandes necesidades de apoyo, entre ellas quienes tienen secuelas permanentes por un ictus. Las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, deberán desarrollar la norma, que prevé más horas de servicios y cuantías económicas reforzadas. Las familias y los profesionales reclaman además mayor sensibilidad social, flexibilidad laboral y recursos ocupacionales para los afectados más jóvenes.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.