Castilla y León condiciona las ayudas al cine al contenido ideológico
Castilla y León condiciona las ayudas al cine a la ausencia de adoctrinamiento ideológico, una medida criticada por el Gobierno y la oposición.
El Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, ha introducido en las bases de sus ayudas al cine condiciones que excluyen las producciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. La Junta defiende la medida en nombre de la “neutralidad institucional”, mientras el Gobierno español y representantes políticos y culturales alertan del riesgo de censura y de injerencia en la libertad artística.
El Ejecutivo autonómico ha anunciado además la creación de una comisión integrada por funcionarios y expertos para evaluar los proyectos audiovisuales que opten a financiación pública. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico (Vox), ha apelado al “sentido común” y ha defendido que el dinero público no se utilice para “financiar posturas ideológicas” ni “propaganda política”.
Díaz Pico también ha cuestionado la financiación de proyectos “que no ve nadie” y ha vinculado la calidad cinematográfica con la capacidad de atraer espectadores. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha asegurado que la política cultural autonómica se basa en “la libertad y la calidad” y ha remitido a la comisión técnica la decisión sobre cada producción.
La polémica coincide con la denuncia de una compañía teatral por la cancelación de una obra sobre Federico García Lorca, que atribuye a motivos ideológicos. El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales las nuevas condiciones y las ha calificado de “forma de censura intolerable”. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el PSOE de Castilla y León también han acusado a PP y Vox de intentar censurar la cultura.
El debate se ha trasladado a la Seminci, el festival internacional de cine de Valladolid. Díaz Pico ha cuestionado su neutralidad ideológica y ha reclamado más presencia de otras temáticas, mientras el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido el certamen como “un espacio de libertad” y ha negado que exista un cine ideologizado.
La decisión afecta a la política cultural de Castilla y León, una comunidad próxima al País Vasco y seguida también desde Vitoria-Gasteiz por su relevancia en el debate sobre la financiación pública y la libertad de creación artística, aunque el texto no recoge medidas similares en Álava o en la capital alavesa.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.