Condenada una enfermera de Osakidetza por acceder 89 veces a historiales médicos de una pareja y su hijo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la condena de prisión e inhabilitación impuesta a una enfermera de Osakidetza por acceder al historial médico de la pareja de su exmarido y del hijo menor de edad de esta, y por amenazarles. Por las amenazas deberá pagar una multa de 810 euros. La Sala de lo Penal confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que en julio ya había apreciado dos delitos continuados de revelación de secretos.

Por esos delitos, la Audiencia le impuso penas de prisión de 1 año y 9 meses y de 1 año, 7 meses y 15 días, dos inhabilitaciones absolutas de 4 años y 6 meses cada una, dos sanciones económicas de 3.042 y 2.835 euros, y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas: 2 años y 9 meses en el caso del menor y 2 años, 7 meses y 15 días en el de la madre.

Según la información del Servicio Vasco de Salud, la funcionaria accedió sin justificación hasta 89 veces a las historias médicas de los denunciantes entre julio de 2021 y julio de 2023. La acusada, que no aceptó la ruptura de su relación con su marido, envió de forma periódica mensajes de WhatsApp a este en los que profería expresiones amenazantes contra la mujer y su hijo, con la intención de atemorizar a su nueva pareja.

En esas comunicaciones, la enfermera hizo varios comentarios sobre la salud de la mujer y del menor, incluyendo datos especialmente sensibles sobre su salud mental y sexual, información que había obtenido mediante el acceso ilícito a sus historiales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria acordó además en octubre de 2024 una orden cautelar de alejamiento hacia la madre durante la tramitación de la causa.

Durante la instrucción quedó acreditado que la acusada padecía un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y la conducta, con síntomas ansioso-depresivos y obsesivos, que afectaban parcial o moderadamente a sus facultades volitivas. Por ello, además de la atenuante de reparación del daño, por la que ingresó los 24.000 euros reclamados en concepto de responsabilidad civil, se le aplicó la atenuante de anomalía o alteración psíquica.

La defensa recurrió la sentencia alegando que la licitud de una prueba no garantiza su fiabilidad en cuanto a los mensajes, y que no se tuvo en cuenta que terceras personas pudieran haber usado las credenciales de la acusada. El tribunal rechazó ambos argumentos: la propia acusada reconoció en el juicio el envío de los mensajes, y considera contrario a toda lógica que un tercero accediera con sus claves 89 veces. Además, algunos mensajes contenían información médica a la que la recurrente no tenía acceso legal. El tribunal destaca una intromisión continuada y especialmente grave en la intimidad de los afectados, y subraya que la información se transmitió a un tercero, lo que demuestra un ánimo de perjudicar.

Información elaborada a partir de El Correo (Álava).