Consumo busca recuperar el tope de precios en emergencias tras el rechazo de PP, Vox y Junts

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, trabaja para volver a poner en marcha una norma que permita al Gobierno topar los precios de servicios o productos durante una emergencia, según fuentes del Ministerio citadas por Europa Press. El objetivo es evitar abusos contra las personas consumidoras, como los detectados en medios de transporte alternativos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y como ocurrió en otras tragedias como la de Adamuz (Córdoba) o la dana de Valencia.

El 10 de febrero, tras el accidente ferroviario en Andalucía, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de Consumo que fijaba un límite máximo de precios en situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda. La norma establecía que el precio no podría superar el precio máximo registrado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia. Además, incluía un mecanismo adicional: si ese precio máximo superaba en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, la referencia pasaría a ser el precio medio más un 50%.

Esa norma fue tumbada dos semanas después, el 26 de febrero, en el Congreso de los Diputados, cuando PP, Vox y Junts votaron en contra de su convalidación. Bustinduy reprochó entonces que "la derecha y la ultraderecha se han vuelto a poner de acuerdo para votar en contra de los derechos de la ciudadanía española", y advirtió de que, en futuras emergencias, las multinacionales podrían aprovecharse de la necesidad y la vulnerabilidad de la gente sin límite y con impunidad.

Desde el miércoles del accidente de Urda, el Ministerio ha detectado un "aumento generalizado" de precios en transportes alternativos al tren, como los billetes de avión, y monitoriza desde entonces los precios de otros medios. Por ello, el departamento prepara un nuevo real decreto-ley que modifique el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para facultar al Gobierno a actuar en emergencias extraordinarias que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no respondan a un aumento de costes para las empresas.

Aunque se trata de una noticia de ámbito estatal, su alcance también interesa a los consumidores de Vitoria-Gasteiz, que podrían verse afectados por subidas de precios en transportes y servicios si se produjera una emergencia similar.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.