El Gobierno obliga a las autonomías a enviar datos mensuales del Plan Estatal de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en el BOE una orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La norma obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a suministrar de forma continua información económica y de gestión a través de sistemas informáticos compartidos y de un cuadro de mando integral único. La orden, firmada por la ministra Isabel Rodríguez, desarrolla el Real Decreto que regula el plan y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de metas y el uso de los fondos públicos en sus tres líneas: incremento de la oferta social y asequible, rehabilitación y renovación urbana o rural, y reducción del esfuerzo para el pago y emancipación juvenil.

La comunicación de datos se hará de forma automatizada entre administraciones a través de la Red SARA. Las autonomías deberán enviar cada mes natural los indicadores mensuales dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, y además realizar un envío inmediato cada vez que se produzca un cambio relevante, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios o cumplimiento de hitos. Cada envío recibirá un acuse de recibo telemático con validación técnica y detalle de posibles avisos o rechazos.

Como régimen transitorio, el Ministerio podrá ofrecer herramientas alternativas hasta el 1 de junio de 2027 si surgen dificultades técnicas, sin que ello exima a las comunidades de cumplir con las fechas y contenidos exigidos. Además, se crea el Centro de Atención a la Integración y Soporte, punto de contacto único para asistencia técnica, credenciales e incidencias.

Las comunidades deberán elaborar informes trimestrales de avance antes de que termine el mes siguiente al periodo evaluado, en los que se recogerán la evolución por línea de ayuda, el grado de cumplimiento de las metas y las medidas correctoras ante posibles desviaciones. Antes del 31 de enero de cada año, los gobiernos autonómicos presentarán un informe anual de evaluación que incluirá también un detalle de las auditorías y controles de subvenciones realizados, con las irregularidades detectadas y las correcciones aplicadas.

La orden añade además la obligación de emitir certificaciones específicas para cada actuación financiada, que acrediten la permanencia indefinida del régimen de protección de las viviendas cuando la normativa lo establezca y que las adjudicaciones se tramiten a través del registro público de demandantes o de procedimientos objetivos y transparentes. El anexo detalla los indicadores que deberán alimentar el sistema, desde las fases de obra hasta los datos desagregados de beneficiarios por edad, sexo, nivel de ingresos o situación de vulnerabilidad.

Se trata de una noticia de ámbito estatal que afecta a todas las comunidades autónomas, por lo que también repercutirá en la gestión de las ayudas a la vivienda en Álava y en la capital, Vitoria-Gasteiz, aunque el texto no recoge detalles específicos sobre la provincia ni sobre la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.