El Senado da protección jurídica reforzada a los funcionarios de prisiones
El Senado aprueba con 244 votos la reforma que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
El pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con 244 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, la reforma que reconoce a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad. La modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 ha salido adelante sin cambios respecto al texto aprobado por el Congreso.
La reforma, pactada por PP y PSOE tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, amplía las garantías jurídicas de los funcionarios y del personal laboral de los centros penitenciarios. Su previsión es que se publique este jueves en el Boletín Oficial del Estado.
Durante el debate, el senador del PP José Manuel Hernando celebró el final de un proceso parlamentario de ocho años, mientras que el socialista José Manuel Franco defendió la medida como un avance imprescindible para el trabajo de los funcionarios de prisiones. Vox consideró el reconocimiento necesario, aunque insuficiente si no se acompaña de plantillas adecuadas.
El Grupo Nacionalista Vasco apoyó la reforma. La senadora Nerea Ahedo señaló que mejora la protección jurídica en las prisiones, pero advirtió de que la conflictividad penitenciaria no se resolverá únicamente con esta ley. ERC fue el único grupo que no respaldó la medida, por su preocupación ante una posible afectación de la presunción de inocencia de los presos.
Una veintena de representantes sindicales siguió la sesión desde la tribuna del Senado, mientras miembros de ACAIP-UGT mostraron en el exterior una pancarta con el lema «Agentes de la autoridad. No es privilegio, es justicia». CSIF calificó la aprobación de reivindicación histórica y recordó que, según datos oficiales citados por el sindicato, en 2025 se produjeron 529 agresiones y más de 500 al año.
La decisión afecta al conjunto de Instituciones Penitenciarias y, por tanto, también se enmarca en la realidad penitenciaria de Álava y del País Vasco, aunque el texto no aporta datos específicos sobre centros o funcionarios de Vitoria-Gasteiz.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.