El Supremo exige al Gobierno los nombres de 163.020 afectados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha dado cinco días, hasta el 28 de octubre, a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para entregar la lista nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados mediante la llamada ley de nietos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo advierte de que, si no se cumple el requerimiento, podría imponer una multa coercitiva de hasta 1.000 euros, repetible hasta la completa ejecución del fallo, o trasladar los hechos para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

El Supremo señala que hasta ahora solo había recibido la cifra total, sin datos personales. Los documentos remitidos esta semana recogen 31.390 expedientes y 91 certificados de personas que han acreditado el exilio de sus ascendientes conforme a los requisitos establecidos.

Los magistrados consideran que la Administración conoce la identidad de quienes han tramitado y resuelto estos expedientes y cuestionan que no haya facilitado la relación de electores, especialmente ante la proximidad de un proceso electoral. También han ordenado advertir a quienes figuren provisionalmente en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) de que esa inclusión no garantiza que puedan votar: solo podrán hacerlo quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados.

Bolaños ha asegurado que el Gobierno cumplirá el requerimiento dentro del plazo y ha afirmado que su ministerio ya entregó el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral toda la documentación disponible en el registro civil digitalizado. Exteriores, por su parte, ha reforzado las instrucciones a los consulados.

El departamento dirigido por Albares ha ordenado a las oficinas consulares trabajar durante el fin de semana y ha suspendido permisos y vacaciones para priorizar la recopilación de los datos. La resolución afecta a un procedimiento de ámbito estatal, aunque su seguimiento también interesa en Vitoria-Gasteiz como capital de Álava y sede de instituciones vascas.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.