Feministas respaldan la huelga general del 11 de noviembre y vinculan la crisis de vivienda con la violencia machista

La Comisión 8M de Madrid y el Fórum de Política Feminista han expresado su apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, y advierten de que la crisis de la vivienda agrava la violencia machista. Según la Comisión 8M, muchas mujeres y disidencias permanecen atrapadas en relaciones violentas, familiares o de pareja, porque no pueden pagar una casa, mientras otras viven bajo la amenaza del desahucio, de la pobreza energética o de la exclusión residencial. "Eso también es violencia", sostienen.

En su manifiesto, la organización denuncia la "angustia" que genera no poder llegar a fin de mes, el "miedo" a los desahucios y la falta de independencia y de futuro. Señala como responsables del problema a "fondos buitre, rentistas y gobiernos que protegen el negocio de unos pocos", y critica que la mayoría trabajadora destine cada vez más salario al alquiler o a la hipoteca mientras una minoría se enriquece especulando con la vivienda. La Comisión 8M también rechaza las políticas que pretenden dividir a la sociedad entre nacionales y extranjeras, y reclama "vidas libres, barrios vivos y viviendas dignas".

Por su parte, el Fórum de Política Feminista afirma que, sin vivienda asequible, salarios dignos y recursos para los derechos sociales, no hay igualdad ni libertad para las mujeres. La organización subraya que el encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero con un impacto específico sobre las mujeres, que sufren mayores desigualdades salariales, más parcialidad en el empleo y una distribución injusta de los cuidados.

Entre sus demandas, el Fórum pide a la patronal una negociación colectiva "real y leal" que garantice subidas salariales, acabe con la parcialidad del empleo femenino e impulse medidas de conciliación. Reclama asimismo incrementar el salario mínimo, los salarios del empleo público, las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, así como vivienda digna, pública y asequible y protección frente a los desahucios, especialmente para las mujeres afectadas por la violencia machista.

La organización advierte de que, sin ingresos propios y una vivienda segura, abandonar a un agresor puede resultar mucho más difícil, y pide protección integral, asesoramiento jurídico de proximidad y atención psicológica para las víctimas. También reclama un sistema público de cuidados universal y de calidad y políticas corresponsables que garanticen la autonomía económica de las mujeres.

Aunque se trata de una movilización de ámbito estatal y provincial, la convocatoria tendrá también repercusión en Vitoria-Gasteiz como capital de Álava, donde el debate sobre el acceso a la vivienda y la igualdad de las mujeres forma parte de la agenda cotidiana de los vecinos.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.