Groenlandia, autodeterminación y el pulso entre soberanía e independencia

El acuerdo firmado esta semana entre Estados Unidos y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico ha abierto interpretaciones enfrentadas sobre su alcance. Mientras Donald Trump lo presenta como un pacto que otorgaría a Washington un control permanente sobre la seguridad y otras necesidades del territorio, Dinamarca y el Gobierno groenlandés sostienen que reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca y su Ley de Autogobierno de 2009 reconoce expresamente que su población tiene derecho a la autodeterminación conforme al Derecho internacional. La norma permite convocar un referéndum de independencia cuando así lo decidan sus ciudadanos. Si la consulta resultara favorable, Groenlandia negociaría con Dinamarca las condiciones para convertirse en un Estado soberano.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa han defendido que el acuerdo preserva los intereses de Groenlandia, su participación en la cooperación internacional y su derecho a decidir su futuro. El Gobierno danés formado en junio de 2026 también situó como principios básicos la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación, frente a lo que calificó de presión inaceptable.

El texto analiza otros precedentes. En Escocia, el Acuerdo de Edimburgo de 2012 permitió celebrar un referéndum legal sobre la independencia, con una pregunta única y supervisión de la Electoral Commission. Desde entonces no se ha convocado una segunda consulta, aunque dirigentes nacionalistas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte han reclamado que Westminster no bloquee ese derecho.

Canadá ofrece otro modelo: su Tribunal Supremo estableció en 1998 que una mayoría clara sobre una pregunta clara obligaría a negociar de buena fe una posible secesión de Quebec. El debate se trasladó después a la Clarity Act canadiense y a la Ley 99 de Quebec, que defiende la capacidad del pueblo quebequés para decidir por sí mismo.

La reflexión vincula estos casos con el reconocimiento internacional de la autodeterminación, recogido en la Carta de Naciones Unidas de 1945 y en los Pactos de Derechos Humanos de 1966. El análisis sostiene que este principio sigue siendo central en un mundo en el que las reivindicaciones de independencia, mayor autogobierno, federalismo o unión conviven dentro de numerosos Estados plurinacionales, una cuestión también de interés para el debate político vasco y alavés, aunque el texto no aporta medidas o hechos concretos en Vitoria-Gasteiz.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.