Las comunidades afrontan los desahucios con ayudas y más vivienda pública
Las comunidades aplican ayudas, mediación y vivienda pública para afrontar los desahucios, con resultados y alcance desigual.
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda de renta antigua en la que residió durante siete décadas en Madrid, ha vuelto a poner el foco en la respuesta de las comunidades autónomas ante la pérdida de vivienda. Las medidas varían: ayudas directas al alquiler, mediación, ampliación del parque público, protección de las VPO y alojamientos de emergencia.
Asturias basa su estrategia en las 10.370 viviendas públicas de alquiler de Vipasa y prevé alcanzar 15.000 en diez años. Cantabria combina el parque público con subvenciones que pueden cubrir hasta el 100 % del alquiler, aunque exige disponer de un contrato en vigor. Castilla-La Mancha, por su parte, recurre a los servicios sociales y a oficinas de intermediación hipotecaria; el Gobierno regional afirma que los lanzamientos han bajado un 73,2 % desde 2013.
Galicia cuenta con un Bono de Alquiler Social para personas desahuciadas y otros colectivos vulnerables, que puede cubrir hasta el 100 % de la renta, con límites de entre 510 y 660 euros mensuales según el municipio. También ofrece asesoramiento económico, mediación con entidades bancarias y asistencia jurídica gratuita.
En Catalunya, las entidades sociales y la movilización vecinal han logrado aplazar algunos desalojos, mientras la Generalitat activa recursos de emergencia cuando no se puede evitar la pérdida de la vivienda. En Baleares, la PAH de Mallorca ha denunciado el caso de una mujer de 65 años que, tras ser desahuciada, vive en un coche pese a que el Ayuntamiento de Palma le ofrece una plaza de albergue durante dos meses.
Murcia dispone de mecanismos legales de protección que, según el texto, no se han desarrollado por falta de reglamentos. Navarra ha aprobado extender indefinidamente la protección de las viviendas oficiales en alquiler ante el riesgo que afrontan unas 500 viviendas vinculadas al fondo Testa Residencial.
La situación también resulta relevante para Vitoria-Gasteiz como capital de Álava, ya que muestra la diversidad de políticas públicas disponibles para prevenir los desahucios y ofrecer alternativas residenciales. El caso de Maricarmen evidencia, además, que estas herramientas pierden eficacia cuando llegan tarde o no garantizan una vivienda estable.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.