Los propietarios de Uleta preparan una demanda millonaria contra Vitoria

Los propietarios del sector S-17 San Prudencio Sur, conocido como Uleta, preparan una demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz si finalmente no pueden construir en los terrenos. Su abogado, el catedrático Juan Ramón Fernández Torres, advierte de que reclamarán una cantidad «millonaria» por los derechos edificatorios perdidos y los costes asumidos.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a los dueños al considerar que el Ayuntamiento no utilizó la herramienta adecuada para paralizar en 2022 las obras de urbanización. El Consistorio ha decidido no recurrir la sentencia porque entiende que el fallo no altera la situación actual: el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde el 21 de enero, desclasifica el solar.

La prioridad de los propietarios sigue siendo construir. Han planteado ocupar menos suelo, renunciar a buena parte de los chalés previstos y levantar más vivienda colectiva protegida, hasta superar el millar de viviendas de distintas tipologías. Como alternativa, estudian reclamar por los daños patrimoniales, que deberán ser calculados por un perito. En 2022 se llegó a manejar una cifra de 32 millones de euros, equivalente al coste de urbanización, aunque ahora todavía no hay una cantidad fijada.

El proyecto previsto en el planeamiento de 2003 contemplaba cerca de 300 viviendas unifamiliares y la continuación de la Ronda Sur en Armentia. Las obras comenzaron a ejecutarse en 2022, pero el Ayuntamiento impugnó la adjudicación y ordenó suspenderlas, con intervención de la Policía Local. Una primera resolución judicial avaló la actuación municipal, pero el tribunal superior falló después a favor de los propietarios por la fórmula empleada para detener los trabajos.

El conflicto se enmarca en la revisión del planeamiento de Vitoria-Gasteiz, que mantiene como suelo agrícola 922 hectáreas en el entorno de la ciudad. Los propietarios de Uleta, Berrosteguieta y Elorriaga-Arkaute, sectores que juntos tenían capacidad para unas 800 viviendas, también han impugnado la parte del nuevo Plan General que desclasifica sus terrenos. Urbanismo considera que las posibles reclamaciones no irían más allá de los gastos de redacción de proyectos, mientras los dueños sostienen que los perjuicios son mucho mayores.

Información elaborada a partir de El Correo (Álava).