Los socios de Sánchez elevan la presión por el decreto de vivienda

Las ministras Mónica García y Sira Rego han advertido este lunes de que el Gobierno todavía está lejos de cerrar un Real Decreto de Vivienda que responda a las demandas sociales. Ambas han reclamado que el Consejo de Ministros del martes apruebe un texto que proteja a las familias frente a la especulación.

Rego ha señalado en Blue Sky que no permitirán que se diluyan las medidas exigidas por los manifestantes ni validarán un decreto que no esté “a la altura”. García, por su parte, ha defendido en la Red X la prohibición de los desahucios de personas vulnerables, el control de los alquileres de temporada, la regulación del alquiler de habitaciones, la salida de los fondos buitre del mercado residencial y la prórroga automática de los contratos de alquiler.

La presión se produce después de la manifestación del pasado sábado y de la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar soluciones al acceso a la vivienda y medidas contra los desahucios. García ha definido las propuestas citadas como un “punto de partida irrenunciable” y ha rechazado “medias tintas ni parches”.

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, también ha avisado al Ejecutivo de que su partido no apoyará un acuerdo que rebaje las exigencias pactadas con los socios de investidura. En una entrevista en TVE, ha acusado al Gobierno de negociar primero con PNV y Junts y ha expresado el apoyo de Podemos a que continúe la acampada si así lo deciden sus participantes.

Desde Sumar, el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido que el decreto no suponga una rebaja del acuerdo de mínimos. Entre sus exigencias ha incluido la prórroga automática de los alquileres que vayan a vencer, la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, la eliminación de bonificaciones a propietarios y la prohibición de que los fondos buitre compren viviendas. El debate afecta también a Vitoria-Gasteiz como capital alavesa, ya que las medidas estatales sobre alquiler y vivienda pueden tener impacto en el acceso residencial de sus vecinos, aunque el texto no detalla medidas específicas para la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.