Zupiria defiende que la Ertzaintza no detuviera a dos investigados por terrorismo
Zupiria justifica que la Ertzaintza dejara marchar a dos investigados por terrorismo al no estar cometiendo un delito durante el control.
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha justificado que la Ertzaintza no detuviera en un control de alcoholemia a Aratz Bilbao y Malen Grünig, enviados después a prisión provisional por la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo, porque en ese momento «no estaban cometiendo ningún delito».
Los dos fueron identificados el 26 de septiembre en Eskoriatza, durante la madrugada, cuando viajaban en un vehículo. Según el auto judicial, en una mochila llevaban planos de antiguos zulos de ETA, listados de agentes de distintos cuerpos policiales, anotaciones de matrículas y dispositivos encriptados. Una vez abiertos, estos contenían fotografías de entrenamiento para la presunta preparación de actos violentos o contra la paz pública, además de imágenes de banderas de ETA.
En el coche también se localizaron «evidencias sospechosas» relacionadas con información sobre un posible zulo con material. La Ertzaintza identificó a los ocupantes y les permitió continuar. Según Zupiria, esa misma noche se produjo la primera comunicación de la Policía vasca con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El consejero ha explicado que la Ertzaintza pidió autorización a la Audiencia Nacional para analizar los materiales y trasladar los indicios a la justicia. Después, ha añadido, la investigación quedó sometida a las decisiones del fiscal y del juez. La Audiencia Nacional acordó el martes el ingreso en prisión de Bilbao y Grünig para investigar la posible comisión de delitos vinculados al terrorismo y evitar riesgos como la fuga o la alteración de pruebas. Una tercera persona, de nacionalidad irlandesa, no fue arrestada.
Zupiria ha señalado que la Ertzaintza continuará investigando bajo las órdenes de la Audiencia Nacional, con garantías para los detenidos. También ha definido Jardun, coordinadora a la que supuestamente pertenecen los arrestados, y los colectivos Aske y Jarki como organizaciones «alegales» no inscritas en los registros de asociaciones políticas o partidos.
Aske ha denunciado la «criminalización» de los dos arrestados y ha rechazado que las acusaciones tengan fundamento, mientras que el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido mantenerse «ojo avizor» ante los grupos disidentes de la izquierda abertzale y ha considerado preocupante la documentación sobre seguimientos a policías y posibles zulos. El caso afecta a Euskadi y se sigue desde Vitoria-Gasteiz, capital del territorio y sede del Gobierno Vasco.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.