El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid

El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, conocida como Maricarmen, que no disponía de una alternativa habitacional. El presidente Pedro Sánchez calificó el caso de “tragedia social” y reclamó también el compromiso del Parlamento.

El Ministerio de Vivienda ha intensificado el intercambio de propuestas con Junts, cuyos votos son necesarios para alcanzar una mayoría en el Congreso. La formación de Carles Puigdemont asegura que el PSOE está estudiando sus iniciativas, presentadas meses atrás, y confía en que puedan reunir los apoyos necesarios para aprobar el decreto.

Las conversaciones se producen en un escenario de vetos cruzados entre los socios parlamentarios. ERC considera un “error” que Junts marque los límites de la política de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y se muestra dispuesto a aceptar medidas que no comparta para facilitar la aprobación.

Desde Sumar se reclama que el decreto llegue “ya” al Congreso y se someta a la votación de los grupos. Los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han defendido que incluya una moratoria o mecanismo de protección frente a los desahucios. Sánchez, sin embargo, no ha fijado una fecha y ha insistido en que hace falta respaldo parlamentario.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la negociación busca una “solución estructural” y no exactamente una moratoria temporal. El borrador planteaba que, cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no le hubieran ofrecido una solución, el juez pudiera mantener suspendido el procedimiento hasta garantizar una alternativa residencial razonable.

La propuesta también diferenciaba entre grandes propietarios y pequeños caseros, y contemplaba que las comunidades autónomas y los ayuntamientos ofrecieran los recursos disponibles. La negociación, de ámbito estatal, afecta igualmente al debate político que siguen los vecinos de Zamora sobre el acceso a la vivienda y la protección de los hogares vulnerables, aunque el caso que ha reactivado las conversaciones se produjo en Madrid.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.