La UE limita desde el domingo los reclamos verdes sin pruebas

La directiva europea 2024/825 sobre Empoderamiento de los Consumidores entrará en vigor este domingo, 27 de septiembre, con nuevas reglas contra la publicidad ambiental engañosa y la obsolescencia programada. La norma se aplicará también a los consumidores de Zamora y del resto de la Unión Europea.

Desde esa fecha, términos como «eco», «bio», «verde», «sostenible» o «respetuoso con el medio ambiente» no podrán utilizarse sin una justificación expresa, evidencias sólidas con base científica y acreditación. La información deberá estar disponible para el consumidor en el mismo soporte en el que aparezca la afirmación, como el etiquetado, la página web o la publicidad.

La norma también restringe mensajes como «neutro en carbono» o «net zero» cuando se basen únicamente en la compra de créditos de carbono o en compensaciones externas. Las empresas tendrán que demostrar reducciones de emisiones relacionadas con la fabricación, el transporte o el uso del producto. Además, los sellos ambientales creados por las propias compañías quedarán vetados si no cuentan con una certificación independiente acreditada o con un sistema autorizado por las administraciones públicas.

Las promesas sobre objetivos ambientales futuros deberán incluir un plan de ejecución realista, metas intermedias medibles y verificaciones externas periódicas. Las empresas también deberán ofrecer información sobre opciones de entrega respetuosas con el medio ambiente, servicios posventa y reparación, así como sobre las actualizaciones de software y sus efectos en los bienes digitales.

Los establecimientos físicos y las tiendas en internet tendrán que mostrar un aviso sobre los derechos legales de los consumidores. Asimismo, se implantará una nueva etiqueta para los productos cuya garantía supere el periodo estándar de dos años. Las autoridades podrán realizar inspecciones y auditorías, y aplicar medidas como multas, retirada de distintivos, supervisión continua o exclusión temporal de licitaciones públicas. Las sanciones podrán alcanzar al menos el 4% de los ingresos anuales.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.