El Consell mantiene la prioridad nacional pese a las advertencias de Bruselas

El Consell del PP mantiene su acuerdo con Vox para aplicar el principio de «prioridad nacional» en algunas leyes valencianas, pese a las dudas expresadas por la Comisión Europea sobre su posible compatibilidad con el derecho comunitario. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este martes el pacto y ha calificado la polémica de «debate estéril».

La Comisión Europea ha advertido de que las normas que establezcan ese criterio para acceder a prestaciones públicas o a vivienda podrían resultar discriminatorias si imponen requisitos de residencia superiores a los permitidos por la jurisprudencia de la Unión Europea. La legislación valenciana contempla periodos de hasta diez años.

El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, respondió al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia superior a cinco años para los residentes de larga duración. También señaló que la prohibición de discriminación incluye los efectos indirectos de medidas que perjudiquen más a ciudadanos de otros países.

Llorca ha comparado la prioridad nacional con las ordenanzas municipales que vinculan algunas ayudas al tiempo de empadronamiento. Preguntado por la posibilidad de rebajar el arraigo exigido, ha asegurado que se reafirma en lo pactado con Vox y que no se arrepiente «de nada» del acuerdo.

Ese mismo martes, el PP aceptó en Les Corts una enmienda de Vox para incluir la «prioridad nacional» en una propuesta sobre vivienda pública. El texto plantea que se procure asignar prioritariamente los recursos públicos a quienes tengan un arraigo «real, duradero y verificable» en la Comunitat Valenciana.

La cuestión afecta al conjunto de la Comunitat Valenciana, incluida la provincia de Alicante, donde las políticas autonómicas de vivienda y acceso a prestaciones tienen aplicación directa. El debate se produce en un contexto de fuerte preocupación social por el acceso a la vivienda y de enfrentamiento entre los bloques políticos en Les Corts.

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