El Gobierno impulsa una norma común sobre la información previa al aborto
El Gobierno tramita con urgencia una norma común sobre la información previa al aborto, aplicable también en la Comunitat Valenciana.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará la información que reciben las mujeres antes de interrumpir el embarazo. Según fuentes de Igualdad, el Gobierno pretende aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La norma busca que, en todas las autonomías y con independencia del lugar de residencia, las mujeres reciban información veraz, clara, objetiva, accesible y ajustada al marco legal vigente. La tramitación afecta también a la Comunitat Valenciana y, por tanto, al acceso a esta información por parte de las mujeres de Alicantet.
La información obligatoria incluirá la naturaleza de la intervención, los métodos disponibles —quirúrgico y farmacológico—, los centros públicos y privados acreditados, los trámites y los derechos durante el proceso asistencial. El borrador establece que no podrá darse preferencia a uno de los métodos, salvo por las circunstancias clínicas de la paciente.
La anticoncepción, el sexo seguro, las ayudas públicas y los derechos laborales se consideran información voluntaria y solo se facilitarán si la mujer los solicita. Además, recibir esos contenidos nunca podrá ser un requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. El texto prevé una atención específica para menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.
El proyecto se impulsa después de la polémica generada en septiembre de 2025 por una propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobada con los votos de PP y Vox, para informar sobre el denominado síndrome o trauma postaborto, que no está reconocido como diagnóstico clínico por los organismos y manuales de referencia. El alcalde, José Luis Rodríguez-Almeida, rectificó posteriormente y decidió no aplicarla.
La propuesta también introduce cambios en los comités clínicos que intervienen en abortos por causas médicas. Su composición deberá procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, y no podrán integrarlos quienes estén inscritos en el registro de objetores ni quienes lo hayan estado durante los tres años anteriores. Sus dictámenes deberán emitirse por escrito y comunicarse a la mujer de forma verdadera, comprensible y adaptada a sus necesidades.
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