El pleno de Alicante retoma el debate suspendido tras el accidente de Urda

El Ayuntamiento de Alicante retoma este viernes el debate político que se suspendió el jueves en señal de luto por el accidente ferroviario de Urda, que causó la muerte de 69 personas. Entre los asuntos previstos figuran varias iniciativas sobre la crisis de acceso a la vivienda y otras relativas a contratos públicos, como el de zonas verdes o el de la grúa y el estacionamiento regulado.

En las mociones, Compromís planteó por tercera vez en este mandato la creación de una comisión para auditar el cuidado de Parques y Jardines. Su portavoz, Rafa Mas, criticó las deficiencias del servicio y preguntó al concejal responsable, Rafael Alemañ, si podía desmentir que haya trabajadores pagados por el Ayuntamiento que son derivados a otros servicios de la empresa. Alemañ defendió que en la materia imperan los criterios técnicos, reconoció que "hay cosas que mejorar" y señaló que el cuidado de las zonas verdes es una responsabilidad compartida con los ciudadanos. Sobre la prórroga forzosa del servicio por los retrasos en la nueva licitación, afirmó que la demora "no es desidia ni dejadez, sino responsabilidad".

La comisión fue rechazada por PP y Vox, con el apoyo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida. En el capítulo de vivienda, la portavoz socialista, Trini Amorós, cuestionó que las próximas viviendas protegidas de la calle Ceuta, las primeras que impulsa el Ayuntamiento desde Les Naus, tengan precios superiores a 270.000 euros, y preguntó por las medidas para movilizar los 15.000 inmuebles vacíos que se estiman en la ciudad. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, respondió que lo primero es "ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre para recuperar la seguridad jurídica".

El pleno abordó también la situación de la zona azul y naranja, cuyo contrato se ha prorrogado de forma extraordinaria. Según De Juan, los cambios que estudia el gobierno no afectarán a las tarifas ni incrementarán el número de plazas reguladas. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, respondió a Vox que entre 2023 y 2025 hay 129 expedientes de obra mayor o demolición pendientes, de los que unos 69 esperan trámites de los interesados, 16 un informe técnico y 44 trámites de otras administraciones.

La sesión incluyó además una acalorada polémica. Durante la intervención de Rafa Mas, el concejal de Vox Óscar Castillo, que había defendido una iniciativa sobre vivienda y señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como único culpable de la crisis habitacional, le dijo: "Digo lo que me sale de los huevos". Tras la mediación del alcalde, Luis Barcala, Castillo pidió disculpas, pero Mas no las aceptó.

Por último, el pleno debatió la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. Esquerra Unida y Compromís presentaron una declaración de apoyo que fue rechazada por PP y Vox, mientras que ambas formaciones confirmaron que secundarán el paro laboral.

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