El TSJ permite que el asilo de Xixona siga abierto mientras no haya sentencia firme

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado que la residencia de ancianos de Xixona siga abierta, rechazando la petición de la Conselleria de Servicios Sociales, que pedía su cierre. La sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en un auto de 23 de octubre la medida cautelar solicitada por la empresa que gestiona la instalación, lo que permite mantener la actividad asistencial para los mayores dependientes y residentes, así como la permanencia de los trabajadores en sus puestos hasta que haya sentencia firme. La resolución no es firme y la conselleria puede interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde el día siguiente a su notificación.

No es la primera derrota de la administración autonómica en este conflicto. La sala de vacaciones del tribunal ya rechazó en agosto habilitar días para pronunciarse sobre el cierre al no considerarlo urgente, dadas las condiciones en las que funcionaba el centro. Además, el Tribunal de Instancia de Alicante de lo Contencioso-Administrativo número 3 denegó en agosto al director de Infraestructuras Sociosanitarias la autorización judicial para ejecutar forzosamente la medida provisional de cierre.

El centro Vicente Cabrera de Xixona funciona desde 1917. La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietaria del inmueble, comunicó en mayo de 2025 a usuarios y familias su decisión de cerrarlo, medida que se hizo efectiva en agosto. Después alquiló el edificio a una empresa de multiaventura, que subrogó el contrato por 50 años a Asalia Residencias, gestora de varios centros en la Comunidad Valenciana. Esta mercantil reabrió el asilo en febrero de este año tras renovar y actualizar la instalación, incluido el mobiliario y el equipamiento.

El conflicto gira en torno a que la conselleria sostiene que el centro carece de las preceptivas autorizaciones de funcionamiento y de cambio de titularidad. Sin embargo, en febrero de 2026 la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias concedió la inscripción en el registro de actividades del sector de personas mayores. El auto recoge que la administración no aprecia falta de habilidad de la mercantil que pueda suponer peligro para los residentes, y un informe técnico describe el inmueble en «estado normal, acorde al uso al que se destina», con obras recientes de accesibilidad y prevención de incendios, algunas subvencionadas por la propia conselleria.

El tribunal también valora los informes aportados sobre el riesgo de un traslado. Una trabajadora social advierte de que activaría el síndrome de estrés por traslado, con aumento de la tasa de mortalidad; una psicóloga señala que la ruptura de rutinas en personas con deterioro cognitivo acelera el declive y provoca ansiedad y desorientación severa; y una terapeuta ocupacional alerta de la pérdida de autonomía y de riesgos físicos como caídas o rigidez derivados de dejar el entorno que los residentes consideran su hogar.

El TSJ reconoce que, según su apreciación, la autorización administrativa previa era provisional y «al parecer no prorrogada» en la fecha de las resoluciones impugnadas, lo que cuestiona la apariencia de buen derecho. Aun así, pondera de forma relevante el peligro de demora procesal y el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Xixona de mayo de 2025, que destaca que el asilo ha funcionado sin interrupción durante más de un siglo, es la única infraestructura de este tipo en el municipio y responde a un servicio «tan necesario y demandado».

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