La Fiscalía se querella contra el vicepresidente de Vox en el Consell de Mallorca por malversación

La Fiscalía de Baleares ha presentado una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y alto cargo de Vox, por un presunto delito de malversación relacionado con el uso privado de vehículos oficiales de la institución insular. El Ministerio Público lleva el caso a los juzgados tras varios meses de investigación, durante los cuales pidió numerosa documentación al departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, que dirige el político de Vox.

La querella tiene su origen en una denuncia del PSIB, que atribuía a Bestard la posible comisión de tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Sin embargo, la Fiscalía se limita al presunto delito de malversación, por el que ya había abierto diligencias de investigación.

Los socialistas sostienen que el vicepresidente habría utilizado vehículos oficiales de su departamento para desplazamientos de carácter privado, ajenos a sus responsabilidades institucionales. Según el escrito remitido a la Fiscalía, Bestard habría dispuesto de estos coches "para uso privado y de manera exclusiva", mientras la institución asumía los gastos de combustible y mantenimiento.

El propio Consell encargó a la Secretaría Técnica del departamento un informe sobre la utilización de los vehículos. El documento, de 92 páginas, recogía una veintena de desplazamientos a lugares en los que el vicepresidente no tenía actos institucionales previstos, además de repostajes realizados a primera hora de la mañana o en domingo y otros viajes cuya relación con sus funciones se ponía en cuestión.

Pese a esas irregularidades, el posterior análisis jurídico-administrativo elaborado por el secretario general y la interventora del Consell rebajó notablemente las conclusiones: ambos apreciaron únicamente una "conducta no apropiada". Con esa valoración, el presidente de la institución, Llorenç Galmés, dio el asunto por cerrado y mantuvo en el cargo a su socio de gobierno.

La decisión de la Fiscalía devuelve ahora el caso a la vía judicial. El Ministerio Público considera que existen elementos para solicitar una investigación penal por el presunto uso irregular de recursos públicos, aunque será el juzgado competente el que decida sobre la admisión de la querella y las actuaciones que correspondan.

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