Las preguntas pendientes tras el desahucio de una mujer de 87 años
El caso de Maricarmen, desalojada a los 87 años, plantea dudas sobre la actuación de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la jueza.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su casa, ha generado movilizaciones y una fuerte repercusión social y política tras un operativo judicial y policial que incluyó helicópteros y drones. La anciana fue trasladada en camilla y falleció posteriormente en el hospital.
El análisis plantea responsabilidades por acción y omisión más allá de los poderes públicos y judiciales señalados. Entre ellas, cuestiona la ausencia de la Fiscalía General del Estado, que tiene atribuidas funciones de protección de las personas mayores y con discapacidad, condiciones que reunía Maricarmen.
Durante los siete años del proceso promovido por la empresa que adquirió el edificio, la mujer contó con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, pero el texto señala que no intervino la Fiscalía para plantear reparos jurídicos o sociales ante el desalojo. También critica la falta de actuación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pese a su mandato de vigilancia ante posibles vulneraciones de derechos.
El caso también pone el foco en una medida cautelar del relator de vivienda de Naciones Unidas, emitida en junio, que solicitaba suspender de inmediato el desahucio. La jueza responsable decidió no atenderla, según el texto, que reclama aclaraciones sobre las consecuencias de ese incumplimiento.
Por último, el artículo reprocha a la Unión Europea que no haya movilizado recursos de una magnitud similar a los destinados a defensa para afrontar la emergencia habitacional. La conclusión es tajante: el desahucio de Maricarmen nunca debió producirse. El caso, de ámbito estatal, interpela también a Alicante y al conjunto de la Comunidad Valenciana por el debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de las personas mayores.
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