Once altos cargos de la Generalitat compaginan su puesto con la docencia

Once altos cargos de la Generalitat tienen actualmente autorizada la compatibilidad entre sus funciones públicas y la docencia, mientras el Consell no publica ni fiscaliza de forma específica los ingresos obtenidos por esas actividades. La información ha sido facilitada a las Corts en respuesta a una petición del PSPV.

El listado incluye a seis directores generales, tres secretarios autonómicos y dos subsecretarios de consellerias. La normativa permite que los altos cargos impartan docencia universitaria, formación para empleados públicos o preparación de oposiciones, tanto en centros públicos como privados.

El único límite económico establecido es que los ingresos docentes no superen el 30 % de la retribución anual que perciben como altos cargos. Sin embargo, la Generalitat se limita a exigir una declaración responsable en la que los afectados manifiestan que sus ingresos se encuentran dentro de ese margen.

Las retribuciones anuales de los altos cargos sí aparecen en el portal de transparencia GVA Oberta, pero no se detallan los importes obtenidos por actividades docentes. Entre los centros en los que imparten clase figuran la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Católica y la Universidad Europea.

Además, tres de los altos cargos compatibilizan sus puestos con la preparación de oposiciones, entre ellos la responsable de la Abogacía de la Generalitat. La respuesta de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación no permite conocer cuánto percibe cada uno por estas actividades.

El PSPV había planteado excluir a los consellers, limitar la docencia a las universidades, establecer un máximo de 75 horas anuales y reducir el límite de ingresos al 10 % de lo que cobra un director general. También pidió un informe anual con los nombres de los altos cargos acogidos a esta compatibilidad y sus ingresos brutos, pero todas las enmiendas fueron rechazadas. La cuestión afecta al conjunto de la Comunitat Valenciana, también a la administración autonómica que tiene su sede en Alicante.

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