Un juez de Alicante pide al TJUE aclarar si la Ley de Segunda Oportunidad perdona todas las deudas
Un juez mercantil de Alicante eleva al TJUE una cuestión prejudicial sobre el alcance de la exoneración de deudas de la Ley de Segunda Oportunidad.
El juez Gustavo Andrés Martín, titular de la plaza número 1 de la Sección Mercantil de Alicante, ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que aclare si la exoneración de deudas de la Ley de Segunda Oportunidad debe ser total o puede recortarse, como hizo el Tribunal Supremo en sus sentencias de febrero. El magistrado considera que esa limitación contraviene la directiva europea y que no aparece en la ley española.
Hasta esas sentencias, la exoneración cancelaba todas las deudas del solicitante, salvo las pendientes con las administraciones públicas, de las que solo se perdonaban 10.000 euros. El Supremo decidió entonces que el perdón solo alcanzara a los créditos incluidos en la relación del deudor y claramente identificados en el auto del juez, con el objetivo de frenar la avalancha de solicitudes y de demandas poco trabajadas.
El cambio tuvo efecto en la provincia: según los datos recogidos en la información, las solicitudes en Alicante cayeron un 30 % en el segundo trimestre, al pasar de 807 entre abril y junio de 2025 a 560 en el mismo periodo de 2026. Los jueces de la ciudad también acordaron un formulario con la información que deben incluir las demandas.
El conflicto se agudizó cuando algunas entidades financieras empezaron a negarse a cancelar préstamos alegando que el auto no identificaba bien el crédito. Es el caso de una persona que solicitó la exoneración el 25 de marzo con doce créditos de seis entidades, por un total de 57.301 euros, todos identificados con entidad, dirección, importe y correo de contacto. Ningún acreedor se opuso y el juez concedió el perdón, pero uno de los bancos pidió después una "aclaración y complemento" con un nivel de detalle que, según el juez, resultaría desmesurado.
El magistrado advierte de que, solo desde 2023, ha concedido más de 900 exoneraciones, lo que implicaría verificar entre 4.500 y 9.000 créditos si se aplicara ese criterio, algo que a su juicio no es compatible con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Mientras el TJUE no se pronuncie, los jueces españoles deben seguir aplicando la jurisprudencia del Supremo.
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