Vivienda, retrasos en dependencia y barreras de acceso agravan la salud mental en Alicante

La falta de vivienda, los retrasos en las prestaciones de dependencia y las dificultades para acceder a recursos públicos están agravando la situación de las personas más vulnerables de la provincia de Alicante, según advierte Lola Gómez Gómez, trabajadora social de la Unidad de Salud Mental de Los Ángeles y portavoz de una red horizontal de entidades que trabaja desde hace seis años para visibilizar estas barreras. La red, que ha funcionado de forma informal y en la que han participado más de 25 entidades de la provincia, inicia ahora su proceso de formalización para coordinar esfuerzos y denunciar problemas que, según sus integrantes, superan la capacidad de respuesta de los profesionales.

Entre sus preocupaciones figuran la emergencia habitacional, las dificultades de empadronamiento, las listas de espera y los requisitos que dejan fuera de determinados servicios a personas con necesidades complejas. Según explicó Gómez en el acto celebrado en el centro social Felicidad Sánchez, el problema principal es la vivienda: "El problema estrella, aunque no somos nada originales, es la vivienda y la emergencia habitacional, que afecta de lleno a las personas más vulnerables". La portavoz señala que la falta de una solución residencial no solo dificulta la estabilidad de quienes padecen problemas de salud mental, sino que puede agravar su situación física y emocional.

A ello se suman los retrasos en la tramitación de la dependencia, que, según denuncia, pueden prolongarse hasta un año y medio. Estas demoras también repercuten en el acceso a determinados recursos residenciales para personas mayores o con diversas necesidades, lo que obliga en algunos casos a las familias a adelantar dinero mientras esperan las prestaciones correspondientes.

Gómez reconoce el desgaste de los profesionales: "Estamos desbordados en muchos momentos, muy quemados". Describe la frustración que genera la distancia entre las demandas de los usuarios y las posibilidades reales de atenderlas: "Las vas derivando como una pelota de un tejado a otro". La red también observa un empeoramiento de la salud mental entre niños y jóvenes y cada vez más familias en las que los problemas afectan a varios de sus miembros.

La portavoz denuncia además que los criterios de acceso pueden convertirse en una barrera insalvable. Como ejemplo, cita las condiciones que limitan el acceso a la vivienda social en función de la edad, los ingresos o la composición familiar, y considera que "hay mil criterios de exclusión" que resultan violentos para las personas en situación de vulnerabilidad. Otra preocupación es la situación de las personas con patología dual, que combinan un problema de salud mental con una adicción y encuentran dificultades para acceder a distintos servicios.

Por último, la red reclama una mayor coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, y se refiere en concreto a las dificultades de acceso a las unidades de media estancia (UME) del Centro Doctor Esquerdo de Alicante, que, según Gómez, no se explican solo por el número de plazas disponibles. La portavoz matiza que el problema no se debe directamente al cambio de titularidad del centro, de la Diputación a la Generalitat, sino a una modificación de la política interna de acceso. Gómez concluye que las personas deben poder participar en las decisiones que les afectan, y la red considera que visibilizar estas barreras es un primer paso para reclamar respuestas efectivas.

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