Frente Amplio presenta en Cádiz su candidatura con vivienda y poder adquisitivo como prioridades

Frente Amplio presentó este viernes en la capital gaditana su candidatura para las elecciones, con Esther Gil de Reboleño y Pedro Pablo Santamaría como números 1 y 2 al Congreso de los Diputados por Cádiz, y Violeta Márquez como candidata al Senado. La coalición ha fijado como dos prioridades las políticas de vivienda y la recuperación del poder adquisitivo de las familias.

Gil de Reboleño defendió que la política debe parecerse a la gente y que "el andalucismo no es patrimonio de ninguna sigla". Subrayó que defender Andalucía implica también garantizar viviendas asequibles y salarios dignos para quienes viven y trabajan en la comunidad. Calificó de "profundamente injusto" que un trabajador no pueda pagar una vivienda o que los jóvenes tengan que marcharse de Cádiz por no poder asumir un alquiler.

En materia de vivienda, la candidata anunció un real decreto que la formación llevará la próxima semana a la Diputación Permanente. Entre sus medidas figuran la regulación de los alquileres de temporada y habitacionales, la protección de personas vulnerables frente a los desahucios, la limitación de la especulación de los fondos buitre, una mayor fiscalidad para los pisos turísticos, la recuperación de vivienda residencial en zonas tensionadas y la ampliación del parque público.

Respecto al poder adquisitivo, Gil de Reboleño anunció que Frente Amplio propondrá subir el salario mínimo interprofesional cerca de un 5 %, hasta unos 1.300 euros. Defendió además una distribución más justa de la riqueza para que los más ricos paguen más impuestos.

En transporte, la candidata reclamó mejorar la conexión ferroviaria provincial, citando el caso de La Línea, municipio de más de 50.000 habitantes sin estación, la Costa Noroeste sin tren y la falta de conexión entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras. También pidió aumentar la frecuencia de los trenes de cercanía y de media distancia.

Como medida novedosa, anunció una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para proteger el alquiler comercial de autónomos y pequeños comercios, con contratos mínimos de cinco años, límites legales a las subidas anuales y derechos de renovación e indemnización ante expulsiones especulativas.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.