El Tribunal de Cuentas ordena investigar la compra de un ático de 6,3 millones por Planifica Madrid

El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra, por 6,3 millones de euros, de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid. La consejera de Cuentas considera que existen indicios de un posible menoscabo de fondos públicos y eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que determine si las presuntas irregularidades pueden derivar en responsabilidad contable.

Según el auto, «los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes» para considerar que la adquisición «pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid». Por ello, el Tribunal rechaza el archivo solicitado por la Comunidad y por la propia Planifica. La compra se formalizó el 14 de abril y el inmueble tiene una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza.

Las denuncias cuestionan que la operación se realizara sin una justificación previa suficiente, sin un expediente de necesidad anterior y a un precio superior al de mercado. La memoria que la Administración regional presentó para justificar el uso institucional del inmueble se elaboró el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la compraventa. El arrendamiento firmado con la Comunidad se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, sin que el inmueble llegara a utilizarse, y posteriormente se acordó ponerlo a la venta.

En cuanto al precio, una primera tasación de Gesvalt, de febrero de 2026, fijó el valor en 6.242.884,19 euros, mientras que las denuncias cifran el posible perjuicio en al menos 437.058 euros. La Comunidad y Planifica defienden que no hubo sobreprecio y aportan una segunda tasación, de octubre, que eleva el valor a 6.320.341,26 euros. El Tribunal recuerda que la primera licitación quedó desierta y que el inmueble sigue sin comprador. También se investigan posibles irregularidades urbanísticas en el cerramiento de parte de la terraza, realizado entre 2007 y 2010.

El Ministerio Fiscal había pedido en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor. La acción pública cuenta con la personación del grupo parlamentario Más Madrid y de otros actores, entre ellos el abogado Javier Flores, quien ha afirmado que «la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles». El Tribunal aclara que su decisión «no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables».

Aunque se trata de un asunto de la Comunidad de Madrid, su interés para Donostia-San Sebastián es el de un caso de gestión de fondos públicos autonómicos que puede servir de referencia sobre el control de las empresas públicas.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.